Entre la ansiedad y el abandono: jóvenes atrapados en un sistema que no funciona

Este texto empieza con un nombre porque los números solos ya no nos están moviendo. Juan Esteban Bastidas tenía 20 años. Su esposa había perdido al bebé que esperaban. Llegaron al Hospital Universitario del Valle a las 9 de la mañana y esperaron horas sin que nadie les preguntara cómo estaban, sin que nadie les ofreciera una palabra de apoyo, sin psicólogo, sin trabajo social, sin nada. Al caer la noche, Juan Esteban colapsó. Entró al hospital con un machete en medio de una crisis que nadie vio venir porque nadie quiso verla. Terminó con muerte cerebral después de intentar suicidarse y murió después. Su familia habla de negligencia. Yo hablo de un sistema de salud que tiene protocolos para todo menos para la desesperanza. Este caso no es la excepción. Es el espejo de lo que le está pasando a una generación entera en Colombia y de lo que el Estado ha decidido, consciente o inconscientemente, ignorar. ¿Cuántos jóvenes más tienen que morir para que esto deje de llamarse "problema de salud pública" y empiece a llamarse por su nombre real: negligencia del Estado?

Los datos que todos deciden ignorar dicen esto: en los primeros dos meses de 2026, el Medicina Legal registró 442 suicidios en Colombia, un 6,76% más que el año anterior. Pero eso es solo la muerte. Detrás hay 4.818 personas que lo intentaron y no lo lograron, solo entre enero y febrero, según el INS. Y el dato que más debería quitarnos el sueño es este: los adolescentes entre 15 y 19 años tienen la tasa de intento de suicidio más alta del país, 28,7 por cada 100.000 habitantes, con las niñas llegando a 41,6. Son estudiantes de colegio. Son chicos que están aprendiendo a ser adultos en un país que no los está sosteniendo. La Defensoría del Pueblo confirmó que 2,5 millones de colombianos viven con depresión, solo 2 de cada 10 recibe atención, y 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene algún trastorno de salud mental. Estamos hablando de una epidemia silenciosa que ya tiene más víctimas que muchas enfermedades que sí reciben presupuesto, campañas y urgencia política.

Un joven colombiano hoy llega a la universidad cargando cosas que ningún pensum contempla: la deuda familiar que financió su matrícula, el miedo a no rendir lo suficiente, el duelo de haberse alejado de su territorio, la ansiedad de un futuro laboral que no le garantiza nada en un país donde las oportunidades escasean, y la presión de unas redes sociales que le recuerdan todos los días que otros lo están haciendo mejor. Ese peso invisible no aparece en los registros académicos hasta que es demasiado tarde, hasta que el muchacho reprueba, se aísla, desaparece, o simplemente no vuelve. Y cuando por fin pide ayuda —si es que la pide, porque pedir ayuda en este país todavía carga con el estigma de ser débil— lo que encuentra es una lista de espera, una EPS que no autoriza, un psicólogo que atiende a ochocientos estudiantes él solo, o un médico de urgencias que le da un sedante y lo manda para la casa. Eso no es atención. Eso es abandono con firma institucional.

Lo más doloroso de esta crisis no es solo lo que está pasando, sino que llevamos años sabiendo exactamente qué está pasando y no hacemos nada suficiente. La Defensoría del Pueblo lleva meses exigiendo eliminar las barreras de acceso a atención psicológica en universidades. Los especialistas advierten que los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes se están volviendo cada vez más invisibles, más difíciles de detectar, justamente porque estos jóvenes aprendieron a funcionar con el dolor adentro. Y mientras tanto, ¿dónde está la implementación real de la Ley 2460 de 2025? ¿Dónde está la articulación con colegios, universidades y secretarías de educación para detectar riesgos, acompañar a tiempo y prevenir? Si la ley existe, pero los jóvenes siguen solos, el problema no es la falta de normas, sino la indiferencia con la que se está dejando crecer esta crisis.

Hay algo profundamente injusto en pedirle a un adolescente que "busque ayuda" cuando el sistema que debería dársela está roto. El problema no es que los jóvenes no quieran sanar. El problema es que sanar en Colombia es caro, lento, burocrático y, para muchos, imposible. Una consulta con psicólogo privado cuesta entre 80.000 y 200.000 pesos, cifra que para una familia de clase media-baja representa elegir entre esa cita y la semana de mercado. Y por el sistema, si logras que te autoricen, esperas. Semanas. A veces meses. Para entonces, muchos ya desistieron.

El gobierno respondió en marzo de 2026 con el Código Dorado, un nuevo protocolo para atender de manera prioritaria a personas en riesgo suicida en urgencias y hospitales. Y uno quisiera creerle. Uno quisiera que esta vez sí. Pero Colombia tiene una historia larga y dolorosa de hacer cosas que suenan bien en el papel y no llegan nunca al territorio. El Código Dorado no cambia la escasez de psiquiatras en los municipios apartados. No resuelve que en Colombia hay menos de 4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando la OMS recomienda al menos 10. No borra la cultura hospitalaria que trata la salud mental como si fuera un servicio de segunda categoría, como lo vivió Juan Esteban y como lo viven miles de personas que llegan a una urgencia en crisis y reciben, en el mejor de los casos, indiferencia. El Código Dorado no va a llegar al último hospital del Chocó ni al único puesto de salud de Boyacá, donde municipios como La Uvita tienen una tasa de intento de suicidio de 107 por cada 100.000 habitantes. Los protocolos sin recursos, sin formación del personal y sin voluntad real son simplemente documentos bonitos que no salvan vidas.

Entre 7 y 9 personas se suicidan cada día en Colombia. Cerca de 100 intentos de suicidio ocurren cada día. La mayoría son jóvenes. La mayoría tienen una historia que el sistema pudo haber interceptado y no lo hizo. Esta es una generación que se está quebrando frente a nosotros, porque seguimos construyendo políticas bonitas mientras los jóvenes de este país aprenden, solos, a cargar con dolores que no deberían cargar solos. No en abstracto, no en una estadística, sino en las aulas, en los pasillos de los hospitales, en los chats donde los amigos no saben qué decir, en los hogares donde los papás no entienden lo que le está pasando a su hijo porque nadie les enseñó el lenguaje del dolor emocional. Y el Estado colombiano, que debería ser la primera red de contención, sigue apostando a que una ley bien redactada o un código de colores va a resolver lo que solo se resuelve con presupuesto, con presencia y con la decisión política de tratar la salud mental como lo que es: una emergencia. Mientras eso no pase, seguiremos contando muertos y preguntándonos por qué, como si no supiéramos exactamente la respuesta.