Monstruos en casa: la infancia bajo amenaza en Colombia

Mientras uno lee esto, mientras toma el café de la mañana, mientras revisa el celular, un niño en algún municipio de este país está siendo abusado y nadie lo sabe, nadie llega y nadie va a responder por eso. Y lo que más duele no es solo la cifra, sino que nos hemos acostumbrado a ella. Aparece en un titular, genera indignación por 48 horas y desaparece. Y al año siguiente la cifra es peor y el ciclo se repite. Colombia lleva décadas normalizando el sufrimiento de su infancia y esa normalización tiene un costo enorme que pagamos sin darnos cuenta.

Recientemente conocimos el terrible caso de una niña en Ibagué que vivió 10 años encerrada, abusada y torturada por su madre y padrastro, incluso había quedado embarazada y fue obligada a abortar en dos ocasiones. Fue su propia familia. Los agresores no eran desconocidos que acechaban desde afuera, sino quienes debían quererla, cuidarla y protegerla. En esos diez años, nadie activó una alerta, ninguna institución llegó. Ella escapó sola, tuvo que salvarse a sí misma porque el resto le falló. En Medellín, mientras tanto, se desarticuló una red internacional de explotación sexual infantil con 11 capturados entre Colombia y Estados Unidos, donde había familiares que cobraban hasta 227 millones de pesos por permitir que abusaran de sus propios hijos.

Gente que vendió a sus niños. Eso no tiene explicación ni contexto que lo suavice y mucho menos que lo justifique. Es lo más bajo que puede hacer un ser humano. Y ocurrió aquí, con redes operando a plena luz, con conexiones internacionales. Colombia tiene una crisis de salud mental silenciosa y brutal que nadie está atendiendo con seriedad, y estos casos son su cara más extrema, es inevitable preguntarse: ¿qué nivel de daño psicológico debe tener un ser humano para hacerle eso a su hijo? No hay política pública de salud mental que llegue a los hogares más vulnerables antes de que ocurra una tragedia, ni detección temprana de perfiles de riesgo en familias disfuncionales. No hay nada.

El 81% de las víctimas de violencia contra menores registradas por el ICBF son niñas. Con esto se confirma lo que ya sabíamos, que en Colombia las niñas siguen siendo las más desprotegidas, las más vulnerables y las que cargan con el mayor peso de una violencia que muchas veces viene de su “hogar”. El 50% de los agresores son personas conocidas por la víctima: familiares, amigos, parejas. Y 1 de cada 3 víctimas no le cuenta a nadie lo que le pasó. No por capricho, sino por miedo. Porque el agresor es alguien de quien dependen. Porque no confían en que alguien las vaya a creer. Porque las instituciones que existen para protegerlas no tienen cara, no tienen presencia y no llegan a tiempo. La Procuraduría ha tenido que perseguir a las instituciones para que acompañen los casos de menores que quedan bajo la tutela del ICBF. El órgano de control del Estado persiguiendo a las propias instituciones del Estado para que hagan su trabajo. Eso resume muy bien dónde estamos.

Y encima de todo eso llegó la tecnología a complicar todavía más el panorama. Cerca de 860.000 niños entre 12 y 17 años fueron víctimas de abuso sexual digital en el último año en Colombia, según UNICEF, Interpol y ECPAT. 1 de cada 5 adolescentes. Los depredadores encontraron en el celular y en las redes sociales el acceso perfecto a los menores: sin testigos, sin barreras físicas, con la posibilidad de construir una relación de confianza durante semanas antes de empezar el abuso. El grooming funciona porque los niños no lo reconocen como una amenaza hasta que ya es demasiado tarde, y porque los adultos que los rodean muchas veces no saben ni que existe. Colombia no tiene una estrategia digital de protección infantil que esté a la altura de esto. No hay articulación real entre el Ministerio TIC, el ICBF y la Fiscalía para perseguir a quienes operan en entornos digitales. Hay buenas intenciones en algunos decretos y un vacío enorme en la práctica. Y ese vacío lo están llenando los criminales.

A esto hay que sumarle algo que se dice poco y que es urgente poner sobre la mesa: Colombia se convirtió en un destino de turismo sexual infantil. Desde 2024 van 31 extranjeros capturados por delitos sexuales contra menores, y esos son solo los que cayeron. Nadie sabe cuántos más operan sin que ninguna autoridad los conozca, sin que ninguna víctima lo denuncie, sin que ninguna red sea desarticulada. Este crimen prospera donde hay pobreza, donde el Estado no tiene presencia, donde las comunidades están tan vulnerables que hay quienes llegan a ver a sus propios hijos como una fuente de ingresos. El reciente caso de la red de explotación en Medellín lo demostró. Y el Gobierno Nacional no tiene una política de choque real para enfrentar esto. Hay operativos puntuales, hay capturas que salen en las noticias, pero no hay una estrategia de largo plazo que ataque las condiciones que permiten que este crimen exista y se sostenga.

En este sentido, lo que está fallando no es solo un programa o una institución. Es también la decisión política de tratar la protección de la infancia como una prioridad real y no como un ítem más en un plan de desarrollo. El ICBF tiene déficit de personal, problemas serios en sus contratos de alimentación, denuncias de fallas en la atención a menores bajo su protección y una carga institucional que no corresponde a sus recursos. Las comisarías de familia están desbordadas. Los programas de prevención en colegios son insuficientes. Las líneas de denuncia existen, pero no tienen la difusión ni la confianza ciudadana necesarias para funcionar como deberían. Y mientras todo eso pasa, el Gobierno habla de paz total con grupos armados, de reformas estructurales, de transformaciones históricas. Pero no habla con la misma preocupación de los cuatro niños que están siendo violados en este momento mientras uno lee estas líneas. Eso también es una decisión. La de a quién se le pone el micrófono y a quién se le da la espalda.

Los niños de Colombia no eligieron nada de lo que les pasó. No eligieron a sus familias, no eligieron el sistema que no los vio y no eligieron el Gobierno que no los priorizó. Nosotros sí elegimos. Y hasta ahora lo que hemos elegido, como sociedad y como electores, ha producido estos resultados. Cuatro niños violados por hora, 860.000 víctimas de abuso digital, redes de explotación operando con familiares adentro. Eso no cambia con indignación de dos días. Cambia cuando se le exige a quien gobierna que ponga la infancia primero, con presupuesto real y con hechos verificables. Mientras eso no pase, el año que viene las cifras van a ser peores. Y vamos a volver a leerlas con el mismo horror de siempre. Cambiar eso no depende de un titular. Depende de que quienes lleguen al poder en 2026 encuentren una ciudadanía que no está dispuesta a aceptar que la infancia siga siendo la última prioridad.