No fue el clima, fue la corrupción la que abrió la puerta al desastre

Lo que hoy se desborda en los ríos ya se había desbordado antes en los contratos, en la improvisación y en la falta de control.

En Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y La Guajira, el agua no solo desbordó ríos: desbordó la capacidad del Estado. Más de 140.000 personas damnificadas en el norte del país, al menos 22 fallecidos y 8 departamentos en emergencia social y económica. En Córdoba, 25 de los 30 municipios presentan afectaciones; 6 están en alerta máxima por la creciente del río Sinú, el 70 % del territorio registra inundaciones y el 8% de su población perjudicada. En La Guajira, más de 6.000 viviendas afectadas. El IDEAM advirtió que 402 municipios están en riesgo de deslizamientos, especialmente en departamentos como Chocó, Cauca, Antioquia y Huila. Esto no es una contingencia menor, es una crisis estructural.

Pero cuando uno camina el territorio, las cifras toman rostro. Campesinos que perdieron cultivos completos de maíz, arroz y yuca; pequeños ganaderos que vieron morir reses o tuvieron que venderlas a precio de pérdida porque los potreros quedaron bajo el agua. Hasta 300.000 hectáreas productivas anegadas en la cuenca del Sinú y del San Jorge. Más de 3.100 cabezas de ganado muertas y más de 546.000 afectadas. La región es uno de los principales corredores ganaderos del país; Córdoba aporta una porción significativa (cerca el 10%) de la producción bovina nacional. Cuando el agua arrasa con fincas, no solo se pierde patrimonio familiar: se compromete la seguridad alimentaria y se presiona la inflación. Ya hay advertencias sobre el posible incremento en el precio de la carne por la afectación ganadera. En Montería, además, se han denunciado especulaciones en arriendos y alimentos. Lo que empieza como tragedia humanitaria termina siendo crisis económica local. A eso se suma el riesgo sanitario. Asociaciones médicas han alertado sobre posibles aumentos de dengue, leptospirosis, malaria y enfermedades gastrointestinales. Agua estancada, hacinamiento en albergues y sistemas de salud ya tensionados son la combinación perfecta para un segundo golpe: el epidemiológico.

Y mientras todo esto ocurre, la entidad encargada de prevenir y atender desastres enfrenta un escándalo que la dejó financieramente destruida. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en el centro de un caso de corrupción que comprometió contratos por más de un billón de pesos destinados a carrotanques y ayudas humanitarias. Según Transparencia por Colombia, la red de irregularidades no solo involucró funcionarios de alto nivel, sino que salpicó a congresistas y operadores políticos, incluso representantes de regiones que hoy están bajo el agua, en un entramado de intermediación, direccionamiento contractual y sobrecostos. Recursos que debían garantizar agua potable en La Guajira y atención en territorios vulnerables terminaron presuntamente convertidos en favores burocráticos y cuotas políticas. En otras palabras, el dinero que hoy haría falta para reconstruir viviendas, reforzar jarillones y asistir campesinos fue saqueado desde adentro del propio Estado.

Peor aún, la UNGRD está desfinanciada y no cuenta con los recursos suficientes para responder a una tragedia de gran magnitud como la que el país está viviendo hoy. El propio director reconoció públicamente que no hay plata suficiente para reconstrucción estructural. ¿Cómo se explica que, ante una emergencia que afecta a más de cien mil personas, la entidad responsable no tenga músculo financiero? Se explica con una palabra que el país ya conoce demasiado bien: corrupción.

Aquí no estamos ante un error técnico menor. Estamos ante una quiebra moral del Estado. La corrupción en la gestión del riesgo no es un tecnicismo jurídico: tiene consecuencias humanas medibles. Hoy hay más de 140.000 personas damnificadas en el norte del país, miles de hectáreas productivas bajo el agua y al menos ocho departamentos en emergencia. Cada peso robado es un dique que no se reforzó, una obra de contención que no se construyó, una vivienda que no se elevó sobre zona inundable, un sistema de alerta que no se instaló. Es un campesino que perdió su cosecha porque nadie invirtió en prevención. Es una familia que hoy duerme en un coliseo o en un albergue improvisado porque alguien decidió convertir la tragedia en negocio. La corrupción no solo roba dinero, expone vidas.

Y también hay responsabilidad en la falta de prevención. Las crecientes del Sinú no son imprevisibles. Los escenarios de variabilidad climática han sido advertidos año tras año. Sin embargo, seguimos reaccionando cuando el agua ya entró a las casas. No hay un plan robusto de adaptación territorial, ni una política integral que articule gestión del riesgo, ordenamiento del suelo, infraestructura hidráulica y desarrollo rural. La improvisación termina siendo política pública.

Desde cualquier perspectiva seria esto es inaceptable. No puede hablarse de seguridad y salud mental cuando la entidad encargada de proteger vidas y prevenir desastres está salpicada por corrupción y debilitada financieramente. No puede hablarse de Estado fuerte cuando, ante una emergencia que afecta a miles de personas, la respuesta es tardía, fragmentada y limitada por falta de recursos. La gestión del riesgo no puede depender del ánimo del funcionario de turno ni de ruedas de prensa que intentan transmitir control mientras el territorio se inunda. Cuando los recursos para salvar vidas acaban en manos de la politiquería y no en infraestructura preventiva, la tragedia no solo es climática, es institucional.

La Costa Caribe y las demás regiones afectadas no necesitan lástima televisada ni visitas protocolarias. Lo que duele no es solo el agua, es la repetición. Es ver que cada invierno se promete lo mismo y se incumple lo mismo. Es escuchar discursos de emergencia en territorios donde las crecientes son cíclicas y previsibles. Es constatar que mientras los campesinos pierden sus cosechas y familiares, quienes participaron en el saqueo siguen en disputas jurídicas y cálculos políticos. El contraste es brutal.

Lo que está pasando en Colombia no es solo una tragedia climática. Es un espejo del país: vulnerabilidad ambiental, más corrupción institucional, más improvisación política. Un país que no previene, que no ejecuta con rigor y que no sanciona con contundencia. Y mientras no asumamos esa verdad incómoda, cada invierno seguirá siendo noticia, cada campesino seguirá empezando de cero y cada colombiano seguirá pagando las consecuencias de lo que otros decidieron robar.

Sanar a Colombia también implica esto: limpiar las instituciones, blindar los recursos públicos y entender que la ética no es un discurso, es la diferencia entre un Estado que protege y uno que abandona. Hoy, en la Costa, esa diferencia se siente con el agua hasta el cuello.