Que tiemblen los criminales, no la ciudadanía: seguridad con justicia y presencia real
Recuperar el control territorial exige mucho más que una ofensiva militar: requiere proteger a la población civil, garantizar que los delitos tengan consecuencias y lograr que las comunidades puedan permanecer en sus territorios.
08:30 a. m.
¿Qué significa recuperar un territorio si las familias que viven allí siguen teniendo que huir? Colombia necesita seguridad. Ninguna comunidad debería pagar extorsiones para trabajar, pedir permiso para movilizarse o temer que sus hijos sean reclutados. El Estado tiene la obligación de enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control de las zonas donde estas imponen sus propias reglas.
La amenaza es considerable. Estimaciones de la Fuerza Pública, recogidas por la Fundación Ideas para la Paz, daban cuenta de cerca de 29.000 integrantes de grupos armados y al menos 14 zonas de disputa activa.
En ese contexto, la propuesta de Abelardo de la Espriella de hacer una “remasterización 2.0” de la Seguridad Democrática, recuperar el territorio en 90 días y utilizar drones e inteligencia artificial responde a una demanda legítima de autoridad. Sin embargo, la capacidad de desplegar operaciones militares no puede ser el único indicador de éxito.
Un balance publicado por El País el 5 de noviembre sobre los primeros 90 días de ofensiva reportó seis bombardeos en los que murieron al menos ocho menores de edad.
La presencia de niños reclutados por grupos armados no elimina la obligación estatal de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario deben orientar cada operación.
Las consecuencias humanitarias también deben estar en el centro de esta discusión. La Defensoría del Pueblo documentó que durante 2025 el desplazamiento forzado masivo afectó a 107.924 personas en 133 eventos, mientras que otras 128.825 quedaron confinadas.
El desplazamiento aumentó un 318,3 % frente a 2024 y el confinamiento creció un 19,4 %. Entre enero y agosto de 2026, otras 23.931 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos y 80.369 por confinamientos.
Estas cifras no permiten atribuir cada emergencia directamente a una operación de la Fuerza Pública: registran afectaciones asociadas al conflicto armado y las disputas territoriales. Pero sí muestran la dimensión de la población que una política de seguridad debe proteger.
Detrás de cada dato hay una familia que abandona su parcela, una mujer que sale con sus hijos sin saber dónde dormirá, un comerciante que cierra porque no puede pagar otra extorsión o una comunidad que pierde la posibilidad de movilizarse libremente. Y hay quienes ni siquiera pueden huir: permanecen confinados, sin acceso oportuno a alimentos, salud o medios para trabajar.
Al 31 de agosto de 2026, el Registro Único de Víctimas contabilizaba 10.357.896 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado. Además, el Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que 7,2 millones continuaban en situación de desplazamiento al cierre de 2025. No estamos ante una emergencia aislada, sino frente a una deuda nacional que exige protección, reparación y garantías de no repetición.
Pero hay otra dimensión de la seguridad que no podemos seguir aplazando: la reforma a la justicia y el funcionamiento del sistema penitenciario. ¿De qué sirve multiplicar las capturas si no conseguimos que quienes delinquen respondan efectivamente por sus actos? La seguridad no termina cuando la Policía captura a una persona. Continúa con la investigación, la judicialización, el juzgamiento, el cumplimiento de las penas y la posibilidad de que quien las cumple no vuelva a delinquir.
La discusión sobre la llamada “puerta giratoria” suele concentrarse en quienes recuperan su libertad, pero el problema exige mirar toda la cadena de justicia. No se trata de desconocer el debido proceso ni de impedir que una persona recupere su libertad cuando corresponde. Se trata de garantizar que los delitos sean investigados, que las decisiones judiciales se cumplan y que las acciones tengan consecuencias reales.
Las cifras también obligan a revisar qué sucede después de una condena. El INPEC reportó que, en diciembre de 2025, el 24 % de la población condenada a su cargo correspondía a personas con reincidencia penitenciaria.
A esto se suma la alerta que hizo el magistrado Jorge Ibañez quien advirtió que el hacinamiento en los establecimientos de reclusión nacionales llega al 94%. ¿Cómo exigir resultados de resocialización cuando el sistema enfrenta semejantes limitaciones?
La pena debe cumplir su función de sancionar, pero también debe ofrecer condiciones para la resocialización. Educación, trabajo, acompañamiento y oportunidades de reintegración no son concesiones a quien cometió un delito: son instrumentos para reducir la reincidencia y evitar que nuevas víctimas aparezcan.
Una justicia eficaz no se mide solamente por cuántas personas captura y condena, sino también por cuántas evita que vuelvan a delinquir.
Esta discusión se conecta directamente con la recuperación territorial. La presencia de la Fuerza Pública no equivale automáticamente a la presencia integral del Estado.
Una operación puede desarticular una estructura armada, pero si después no llegan la justicia, la salud, la educación, las vías y las oportunidades económicas legales, el vacío puede volver a ser ocupado por otra organización.
Por eso, una estrategia seria debe medir sus resultados más allá de las operaciones, las capturas y los integrantes de grupos armados neutralizados. Debe demostrar si disminuyeron los desplazamientos y confinamientos, si los niños dejaron de estar expuestos al reclutamiento, si los líderes pueden trabajar sin amenazas, si las familias recuperaron sus medios de subsistencia y si quienes cumplen una condena tienen posibilidades reales de reintegrarse a la sociedad.
Por supuesto que los grupos criminales deben ser enfrentados. Pero no podemos reducir la discusión a escoger entre mano dura y derechos humanos, ni entre castigo y resocialización.
El Estado necesita autoridad para combatir el delito, justicia para sancionarlo y capacidad institucional para impedir que se repita.
La verdadera medida de la seguridad no es cuántos territorios logra ocupar la Fuerza Pública, sino cuántas familias pueden permanecer en ellos sin miedo y cuántas personas dejan de ser víctimas de quienes delinquen.
Que tiemblen los criminales, no la ciudadanía. La seguridad debe servir para que los colombianos puedan vivir en su tierra, con justicia y oportunidades, no para que tengan que huir de ella.