Del fracaso total al sometimiento

Según la Fundación Ideas para la Paz, con cifras de la Fuerza Pública, sus integrantes, incluidas las redes de apoyo, pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026: un crecimiento del 90 %. El Clan del Golfo aumentó un 152 %. Ese balance exige responsabilidades.

No toda la violencia nació con Petro, pero su gobierno debía enfrentarla. La Fundación advierte que las disputas entre grupos pasaron de siete a catorce. Mientras se multiplicaban las conversaciones, comunidades seguían obedeciendo al fusil. Una política de paz fracasa cuando sus anuncios pesan más que la libertad de los ciudadanos.

La nueva ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella abre una esperanza: recuperar la autoridad del Estado y exigir condiciones. Entregar armas, liberar secuestrados, devolver menores reclutados, revelar economías ilegales y reparar víctimas deben ser obligaciones. Los beneficios penales tienen que ganarse con cumplimiento, nunca con amenazas.

El contraste debe traducirse en hechos: perseguir las estructuras, desmantelar sus finanzas y proteger a quienes denuncian. Ningún delincuente puede convertirse en intocable bajo el rótulo de gestor de paz. Ningún reclutador merece una curul como recompensa por abandonar un crimen que jamás debió cometer. El Congreso representa ciudadanos; no debe convertirse en premio para sus verdugos.

Esta ley no concede curules ni reconocimiento político a las organizaciones sometidas. Esa debe ser la línea: justicia, reparación y desarme, sin privilegios políticos negociados con criminales.

Ahora corresponde demostrar resultados. La esperanza necesita menos propaganda y más territorios recuperados, niños protegidos y víctimas reparadas. Apoyar el rumbo también implica exigirle resultados al Gobierno. Colombia merece vivir sin extorsión, sin reclutamiento y sin miedo. Sometimiento total debe significar que nadie esté por encima de la ley.

@josiasfiesco