Un Congreso dividido para un país al borde del colapso: los retos que definen esta legislatura

El Congreso que se instaló el 20 de julio llegó con 42 rostros nuevos en el Senado, un 40% de renovación que en cualquier democracia sana sería motivo de celebración, pero que en Colombia vino acompañada de una cifra menos alentadora: ninguna fuerza política controla la mayoría absoluta de ninguna de las dos cámaras. ¿Qué clase de país recibe a sus legisladores el mismo día en que sus partidos se van a los golpes por repartirse las presidencias del Senado y la Cámara, en lugar de discutir cómo van a resolver la crisis de salud, la seguridad desbordada o el hueco fiscal que deja el Gobierno saliente? Esa es la pregunta que debería inquietarnos a todos, porque de la respuesta depende si el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene con quién construir las reformas que prometió, o si termina atrapado en la misma parálisis legislativa que asfixió al país durante los últimos cuatro años.

La fotografía numérica del nuevo Senado es la de un país fragmentado en pedazos casi parejos. El Pacto Histórico quedó como la bancada más numerosa con 25 curules, seguido del Centro Democrático con 17, el Partido Liberal con 13, y luego un empate entre Alianza por Colombia y el Partido Conservador con 10 curules cada uno, más La U con 9 y Cambio Radical con 7. Ninguno de esos bloques, ni sumando dos o tres de ellos, alcanza por sí solo el poder de imponer una agenda. A eso se suma que cerca del 30% de las curules ahora las ocupan mujeres, y que la renovación generacional trae caras que vienen de la veeduría ciudadana y del activismo digital, gente que no debe favores a las maquinarias tradicionales. Es una oportunidad real de aire fresco, pero también es la explicación de por qué nadie puede gobernar este Congreso a punta de disciplina de bancada, porque simplemente no existe una bancada lo suficientemente grande para imponerse sola.

Cuando uno mira la composición de la coalición que respaldaría al Gobierno entrante, entiende por qué la palabra que más se repite en el Capitolio estas semanas es "negociación" y no "mayoría". En el Senado, el bloque afín a De la Espriella rondaría apenas la mitad de las curules, insuficiente para garantizar por sí solo el quórum decisorio. En Cámara el panorama es todavía más estrecho: la coalición de gobierno se quedaría corta frente al umbral que exige la aritmética legislativa, mientras la oposición, encabezada por el Pacto Histórico, concentra un bloque robusto y disciplinado. Eso deja a un número considerable de congresistas en la orilla de los indecisos o los independientes, con el Partido Liberal como la bancada bisagra que podría inclinar cualquier votación según hacia dónde sople el viento. Esto nos lleva a asegurar que ninguna reforma de fondo va a pasar sin negociación previa, y el margen de error político es mínimo en un país que sigue dividido casi a la mitad en las urnas.

Y mientras esas cuentas todavía se están cerrando, los partidos ya se enredaron en la primera pelea del cuatrienio: quién preside el Senado. Que el Centro Democrático y el Partido Conservador terminen acusándose públicamente por ese cargo, recordándose viejos favores y votaciones incómodas, mientras el propio expresidente Álvaro Uribe entra a cuestionar en redes sociales a uno de los candidatos, no es un detalle menor ni un simple choque de egos. Es una vergüenza institucional, porque revela que la prioridad de estos primeros días no es acordar cómo se va a gobernar un país fracturado, sino quién se queda con la silla que reparte poder y presupuesto dentro del propio Congreso. Un país que lleva años esperando resultados concretos en seguridad, salud y economía no puede seguir recibiendo como primer acto de su nuevo Legislativo una disputa entre aliados naturales que deberían estar mostrando unidad, no fracturas, justo el día en que se instalan.

Sin embargo, lo más inquietante no es la pelea entre quienes deberían ser socios de Gobierno, sino la jugada que se cocina del otro lado. Que el Gobierno Nacional convoque a la bancada del Pacto Histórico en plena antesala de la instalación del Congreso para fijar una línea de bloqueo frente al nuevo Ejecutivo no es simple estrategia de oposición, es una muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo saliente para condicionar un Legislativo que ya no le pertenece. Que la oposición organice contrapesos es sano y hasta necesario en cualquier democracia. Lo que preocupa, es la posibilidad de que ese mismo bloque termine bloqueando el reconocimiento institucional del presidente electo, en un escenario donde ya se han escuchado voces cuestionando la legitimidad de la transición y llamando a desobediencia civil. Ese sí sería el verdadero primer gran desafío democrático de este Congreso, muy por encima de cualquier pelea de mesas directivas.

Y, aun así con todo ese ruido, la agenda legislativa que ya empieza a correr es enorme y no da espera. El nuevo Gobierno llega con la intención de revisar las reformas pensional, de salud y laboral que impulsó la administración saliente, además de promesas ambiciosas como reducir en 40% el tamaño del Estado o eliminar la JEP, iniciativas que exigirán una capacidad de negociación que hoy nadie tiene garantizada. A eso se suma una tarea menos visible pero igual de urgente: la Cámara tiene la oportunidad histórica de renovar la Comisión de Acusación, después de que nueve de sus catorce integrantes salgan de sus cargos, un organismo que en el cuatrienio pasado se quedó callado frente a decenas de indagaciones pendientes contra el poder ejecutivo y que representa, quizás, la prueba más clara de si este nuevo Congreso está dispuesto a devolverle al país el sistema de pesos y contrapesos que tanto se debilitó .

Finalmente, Colombia no puede permitirse un Congreso que empiece peleando por sillas mientras la gente sigue esperando una EPS que funcione, calles más seguras y una economía que respire. Superada ya la instalación, ahora viene lo difícil: sacar adelante una agenda enorme sin que ninguna fuerza política tenga los votos suficientes para imponerla sola, en un país dividido casi a la mitad. Ese es el verdadero examen de esta legislatura, no las presidencias ni los cargos que ya se repartieron: ponerse de acuerdo en lo importante y sostener esos acuerdos durante cuatro años, sin que se caigan cada vez que cambien los intereses del momento. La fragmentación está clara y no se va a resolver sola. De este Congreso depende si esa división se convierte en una oportunidad para dialogar y construir país, o si termina, como tantas veces antes, en el mismo libreto de siempre.