De Cali a Armenia: Colombia debe demostrar que su liderazgo en biodiversidad se traduce en acción

Se viene la COP17 de biodiversidad, un espacio clave para evaluar cuánto han avanzado los países en el cumplimiento de sus compromisos para proteger la naturaleza. Después de los acuerdos alcanzados en Cali y completados en Roma, el desafío ahora es pasar de las promesas a los resultados: convertir los objetivos globales en políticas públicas, presupuestos y decisiones concretas que frenen la pérdida de biodiversidad, protejan los bosques y garanticen los derechos de las comunidades que cuidan los territorios. Para Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, esta será también una oportunidad para demostrar que su liderazgo internacional se traduce en acciones reales.

Para Greenpeace, el éxito de este encuentro no debería medirse por la cantidad de nuevos anuncios, sino por cuánto de lo acordado está transformando realmente los territorios.

Y Colombia tiene una responsabilidad particular.

Proteger el 30 % no alcanza si la protección no es efectiva
Una de las principales metas globales establece conservar y gestionar efectivamente al menos el 30 % de las áreas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas para 2030.

En 2025, el país perdió 119.483 hectáreas de bosque, de las cuales 77.805 correspondieron a la Amazonía. Aunque la reducción de la deforestación de los últimos años debe reconocerse y sostenerse, áreas de enorme valor ecológico como Tinigua, Sierra de La Macarena y Chiribiquete continúan bajo presión.

Desde Greenpeace consideramos que el 30x30 solo tendrá sentido si implica protección real. No basta con sumar hectáreas en un mapa: hay que mantener los bosques en pie, conservar la conectividad de los ecosistemas y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Esto requiere participación efectiva en las decisiones, recursos para sostener los territorios y políticas que permitan desarrollar medios de vida sin destruir la naturaleza. También exige entender que biodiversidad y clima son inseparables: cuando desaparece el bosque, perdemos especies, se altera el ciclo del agua y aumenta la vulnerabilidad frente a incendios y sequías.

Financiar la biodiversidad también implica dejar de financiar su destrucción
Los compromisos asumidos desde Cali deben traducirse en recursos suficientes y accesibles para conservar los ecosistemas y fortalecer a las comunidades que los protegen. Pero la discusión no puede limitarse a cuánto dinero falta. También debemos preguntarnos: ¿qué actividades seguimos financiando mientras nos comprometemos a proteger la biodiversidad?

No tiene sentido destinar fondos a proteger los bosques y, al mismo tiempo, sostener con recursos públicos actividades que contribuyen a destruirlos, como la ganadería en áreas protegidas. Estas contradicciones debilitan los compromisos ambientales y muestran que no alcanza con invertir más: también hay que revisar cómo se utilizan los recursos existentes y qué actividades se incentivan.

La coherencia entre las políticas ambientales y las decisiones económicas debe ser parte central de la implementación. El financiamiento público tiene que contribuir a proteger la naturaleza, no a perpetuar las causas de su degradación.

Desde Greenpeace llegamos a Armenia reconociendo los avances logrados desde Cali, pero esperando que esta primera revisión global permita identificar las brechas y definir qué debe cambiar para alcanzar las metas de 2030.

Colombia debería demostrar avances concretos en tres frentes: un plan nacional de biodiversidad con presupuesto, responsables y seguimiento público; protección efectiva de los ecosistemas y los derechos territoriales; e implementación verificable de las leyes que buscan transformar las cadenas productivas vinculadas con la deforestación.

A esto se suma una condición indispensable: revisar y reformar los incentivos económicos que promueven la destrucción de la naturaleza. No alcanza con movilizar nuevos recursos para la biodiversidad si, al mismo tiempo, las decisiones presupuestarias siguen sosteniendo actividades que ponen en riesgo los ecosistemas.

Colombia tuvo en Cali la oportunidad de ejercer liderazgo. En Ereván, Armenia deberá demostrar que ese liderazgo se traduce en decisiones, recursos y resultados: menos deforestación, ecosistemas efectivamente protegidos, comunidades con derechos garantizados y cadenas productivas que no avancen a costa de los bosques.

El desafío ya no es asumir compromisos, sino demostrar que existe voluntad política para cumplirlos, incluso cuando eso exige cambiar prioridades económicas y dejar de financiar la destrucción de la naturaleza.