Las lecciones de la Constitución del 91 que Gustavo Petro no aprendió

Cada presidente tiene derecho a defender sus ideas. Sobre todo, si fue elegido bajo el ejercicio democrático. Y tiene derecho a completar su mandato. Pero no a convertir la Constitución en el plan B de su fracaso. Gustavo Petro volvió a agitar la idea de una Asamblea Constituyente en plena campaña presidencial, mientras culpa al Congreso de haber bloqueado sus reformas y promete entregar cinco millones de firmas al nuevo Legislativo el 20 de julio. Gustavo Francisco se está yendo —le quedan menos de 100 días de mandato— y decide reabrir la discusión sobre las reglas del juego, una vez más, justo cuando su proyecto político busca mantenerse en el poder y cuando las encuestas dicen que la única opción de Iván Cepeda es ganar en primera vuelta.

A estas alturas, además, ya no se puede fingir sorpresa. La constituyente no apareció de la nada. En octubre de 2025, el entonces ministro de Justicia publicó oficialmente un proyecto de ley para convocarla, habló de 71 delegatarios y presentó ese proceso como el vehículo para sacar adelante el programa social que, según el Ejecutivo, la “caverna” no había dejado desarrollar. Es decir, la propia Casa de Nariño dejó por escrito hace meses que no veía la constituyente como un mecanismo excepcional de consenso nacional, sino como una herramienta para destrabar por arriba lo que no pudo sacar por abajo. Y eso no tiene nada que ver con un espíritu constituyente. Es más bien un espíritu revanchista y rebelde.

Lo más revelador es que Petro insiste en esto cuando sabe que no le alcanzan ni el tiempo ni las mayorías. La Constitución de 1991 no deja este tema al capricho presidencial. El artículo 376 exige una ley aprobada por mayoría en Senado y Cámara para convocar al pueblo a decidir si quiere o no una asamblea, y además ordena que esa convocatoria solo se entiende aprobada si vota afirmativamente al menos una tercera parte del censo electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha explicado que, con el censo actual, eso significaría alrededor de 12,9 millones de votos por el “sí”, y los expertos tienen claro que al gobierno actual no le alcanzan los tiempos para completar ese recorrido. En el más avanzado de los casos (no se puede decir “el mejor”), la discusión quedaría en manos del nuevo Congreso. Es decir, lo de Petro es un discurso propagandístico y populista. Su esencia.

Por eso la pregunta de fondo no es si Petro tiene derecho a proponer una constituyente. Claro que puede proponerla. La pregunta es para qué la está usando. Y la respuesta es evidente. La está usando para tapar su nula capacidad de gobernar y para hacerle campaña a Cepeda. Como no logró aprobar buena parte de sus reformas, ahora pretende vender la idea de que no fracasó su gobierno, sino que fracasaron las instituciones. Como no consiguió mayorías estables, ahora busca que el país crea que el problema no fue su gestión sino el sistema mismo. Y como la campaña presidencial ya entró en su recta decisiva, la constituyente le sirve para lo mismo que le han servido tantas veces las plazas públicas, los trinos y la confrontación: victimizarse, polarizar y entregarle otra vez al petrismo esa bandera de agitación.

Es una narrativa contra la democracia decir que la Constitución se volvió un obstáculo porque no se sometió al deseo del gobernante. La Carta del 91 no fue diseñada para obedecer a un presidente, sino precisamente para limitarlo. Por eso alarma tanto que este gobierno repita que solo una constituyente puede darle al país salud, pensión, educación y lucha contra la corrupción. Esa tesis desconoce que la Constitución ya ofrece caminos de reformas. Varios analistas han advertido que el supuesto “bloqueo institucional” no describe lo que realmente ha pasado y que la Constitución colombiana ya es amplia en mecanismos para realizar transformaciones. El problema ha sido la incapacidad política para construir acuerdos.

Es claro que el tema de la constituyente es un relato desesperado del gobierno para que el petrismo no llegue a la elección hablando de crisis fiscal, salud, seguridad o corrupción, sino de una supuesta gran pelea épica contra enemigos abstractos. Yo sigo creyendo en la Constitución del 91 no porque sea intocable, sino porque fue el gran pacto para que Colombia dejara de depender del caudillo de turno. Se puede reformar, pero eso debería ser respetando sus propias reglas y no usándola como amenaza, chantaje o distracción electoral. Petro está planteando hoy una constituyente porque le falta amor por la democracia, le preocupa la falta tiempo, le sobran derrotas y necesita un nuevo libreto para intentar que su “proyecto” político vuelva a tener el poder. La Constitución no puede convertirse en protagonista de actos de campaña de un presidente. La democracia no se salva reescribiendo las reglas cada vez que un señor colmado de ego se siente derrotado.

La lección de la Constitución del 91

Conviene recordar de dónde salió de verdad la Constitución del 91, porque ahí está una de las trampas más grandes del relato de Petro. Esa constituyente no nació del berrinche de un presidente acorralado ni del cálculo electoral de un movimiento que se resiste a perder el poder. Nació en medio de una crisis brutal de violencia, narcotráfico y asesinatos políticos, sí. Pero también de una reacción cívica que buscó abrir más la democracia, no concentrarla. La séptima papeleta fue un movimiento estudiantil y ciudadano que empujó un acuerdo nacional, y el 27 de mayo de 1990 más de 5,2 millones de colombianos votaron a favor de convocar una Asamblea Constituyente. Por eso la diferencia con Petro es tan grande: la del 91 fue una salida nacida de un impulso social amplio, mientras que la iniciativa del líder del Pacto Histórico es una bandera de campaña agitada desde la Casa de Nariño cuando al Gobierno se le acabó el tiempo.

También hace falta decir algo que el petrismo omite a conveniencia. El M-19, la corriente política de la que Petro proviene, no entró a la Constitución del 91 pateando la mesa institucional, sino dejando las armas y sometiéndose a las reglas de la democracia. El acuerdo de paz con ese grupo se firmó el 9 de marzo de 1990 y abrió el camino para que la Alianza Democrática M-19 compitiera en las urnas y se convirtiera en una de las fuerzas centrales de la Asamblea. Antonio Navarro, excomandante de esa guerrilla, encabezó la lista, llegó a la Constituyente y terminó integrando el triunvirato que la presidió. Ese episodio debería enseñarle a Petro que la legitimidad democrática no se fabrica incendiando las reglas del juego, sino aceptándolas, disputándolas y honrándolas.

Y acaso la lección más importante del 91 es otra. Los contrarios fueron capaces de sentarse juntos. Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa terminaron copresidiendo una Asamblea que le demostró al país que las diferencias profundas no obligan a destruir la democracia, sino a tramitarla. La constituyente de entonces, con todas sus tensiones, fue un pacto entre sectores distintos. La que hoy agita Petro divide incluso a sus propios aliados, enfrenta al presidente con el Congreso y convierte la Carta en un arma de polarización. Hace 35 años la séptima papeleta generó acuerdos mayoritarios, pero hoy la constituyente de Petro divide y segrega.

Por eso la pregunta de fondo es simple: si Petro dice que quiere más salud, más educación, más pensión, más derechos y menos corrupción, ¿para qué quiere reformar la Constitución si esa misma Constitución ya le da caminos para reformar el país? La Carta del 91 no es una pared, es una arquitectura de pesos, contrapesos y reformas posibles. El artículo 374 dice con claridad que la Constitución puede reformarse por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por referendo. Y el 375 establece el trámite del acto legislativo en el Congreso. Es decir, si de verdad hubiera voluntad de construir acuerdos, el orden constitucional vigente ofrece herramientas suficientes para impulsar cambios. Lo que Petro se resiste a aceptar es que en democracia no todo lo que quiere un presidente se convierte automáticamente en ley.

Ahí está, en realidad, el trasfondo político de esta discusión. Si la Constitución actual permite reformas y si incluso dentro del propio Gobierno hubo voces reconociendo que el sistema no estaba bloqueado y que todavía había margen para un acuerdo nacional, entonces la constituyente de Petro es evidentemente una coartada. En conclusión, la constituyente de 1991 amplió la democracia. La que hoy agita Petro amenaza con reducirla al tamaño de su legado presidencial: a algo muy pequeño.