Un país que le cierre las puertas a la experiencia es un país que no progresa

La semana pasada, tres nombres icónicos de la cultura colombiana —Vicky Hernández, Judy Henríquez y Consuelo Cepeda— encendieron un debate que va mucho más allá del teatro y la televisión. Hernández cuestionó el abandono de Gustavo Angarita en su funeral, Henríquez fue llamada “vejete” por una agencia de casting, y Cepeda confesó que a sus 72 años “ha sido muy complicado encontrar trabajo”. No hablan solo de una industria que envejece mal, hablan de un país que no sabe qué hacer con su madurez. Un país que agradece el talento mientras es útil, pero lo olvida cuando cumple más de 60.

Después de los 60 años, la probabilidad de acceder a un empleo formal en Colombia se reduce drásticamente. Lo que viven estas tres figuras es el reflejo de una realidad silenciosa: la sociedad empieza a cerrar sus puertas financieras, laborales y, a veces, incluso sociales a quienes acumulan experiencia. Si no se actúa con visión, millones de colombianos se enfrentarán a una vejez productiva bloqueada, en la que el trabajo, el crédito o la participación económica se vuelven casi imposibles.

Y el riesgo no es solo humano, es fiscal. Un país que excluye a sus mayores del sistema de desarrollo económico, social y financiero termina pagando el costo en otro frente: la salud pública. Sin políticas que mantengan a las personas mayores activas, conectadas y productivas, crecerán los costos por enfermedades crónicas, soledad y salud mental. Es decir, o los integramos al sistema o el sistema se nos vuelve insostenible. Y esa es exactamente la conversación que Colombia está evitando tener.

Porque sí, en Colombia ya estamos viviendo más y naciendo menos. Esa simple frase debería estar guiando el debate público, el presupuesto y las prioridades legislativas. No lo está. Hoy, una de cada seis personas en Bogotá tiene 60 años o más. Son 1,22 millones de mayores, el 16 % de la ciudad, y la cifra crecerá rápido en esta década.

La tendencia es estructural. La esperanza de vida nacional ronda 77,2 años y los nacimientos cayeron a 445.011 en 2024, el registro más bajo del que se tenga noticia. Para 2050, el grupo de 65+ podría duplicarse y bordear 20 % de la población. La región, además, se acerca al cierre del bono demográfico. Esto significa menos jóvenes por hogar, más personas mayores, más años de pensión y salud que financiar. Es simple matemática.

Bogotá ha dado pasos valiosos. El Sistema Distrital de Cuidado y las Manzanas del Cuidado pusieron el tema en la agenda, con millones de atenciones acumuladas y alianzas que acercan respiro, formación y rutas de autonomía a cuidadoras y mayores. Es una política innovadora, con resultados medibles, trazadores de impacto y articulación sociosanitaria.

No obstante, el cambio demográfico desborda al Distrito. Pasa por el diseño nacional de salud, pensiones y mercados laborales, y por la sostenibilidad fiscal. El Presupuesto General de 2026, aún tras su aprobación en el Congreso, no despeja los riesgos de mediano plazo y descansa en supuestos tributarios fuertes. Al mismo tiempo, el desorden fiscal del gobierno Petro pone mucho dinero al servicio de la deuda y no el que se debería para la inversión. Si no se hace una planeación realista, los mismos que crearon el actual descalabro financiero continuarán decidiendo por nosotros.

Aquí es donde la política —y en particular la representación de Bogotá en el Congreso— se queda corta. La ciudad necesita un debate público de altura, que entienda que la longevidad ya no es un tema social “blando”, sino el eje para decidir infraestructura de salud, transporte accesible, vivienda adecuada, formación continua, empleo senior y cuidado. Y que pelee una trazabilidad clara en el presupuesto. A la ciudad no le sirve el estilo Mafe Carrascal: ruidos, likes y “tendencias”.

Las nuevas longevidades y sus aspectos inaplazables

Y es que, volviendo al tema de las nuevas longevidades y dejando atrás el de la influencer que nada hace por Bogotá, más años de vida implican más enfermedades crónicas y necesidad de atención domiciliaria, rehabilitación, prevención y salud mental. El Congreso debería exigir cuentas sobre redes integradas, tiempos de espera y financiamiento estable a 10–15 años, no solo parches anuales. Si la esperanza de vida sube y los nacimientos caen, la planeación en salud debe anticiparse, no perseguir las cifras.

Así como también debe planearse la sostenibilidad pensional. La discusión no se resuelve con consignas. Necesitamos empleo formal para mayores de 50, actualización de habilidades, incentivos a la contratación y trayectorias laborales más flexibles. En Bogotá, menos de la mitad de las personas de 60–79 está ocupada. Y en 70–79, cae a una de cada cinco. Eso es talento y experiencia desperdiciados.

Además, en el tema de vivienda, no basta con producir de interés social (VIS). Hay que adaptar viviendas y barrios: accesibilidad, iluminación, cruces seguros, andenes continuos y transporte amigable. La capital avanza, pero requiere mejoras, a partir de evolución urbana y crédito, que permitan a los mayores quedarse en su entorno sin perder autonomía. El Congreso puede destrabar instrumentos fiscales y financieros que aceleren esto.

Porque el Sistema de Cuidado funciona si libera tiempo de quien cuida y mejora ingresos del hogar. Es indispensable conectar el cuidado con empleo y educación a lo largo de la vida. La representación de Bogotá en el Capitolio debería poner metas nacionales para ampliar cupos, profesionalizar cuidadoras y medir resultados en autonomía económica.

Y eso se relaciona con una regla fiscal que debería tener visión demográfica. En cinco años, el gasto público subió 4,5 puntos del PIB. Y es imperiosa una hoja de ruta que priorice inversión que ahorra gasto futuro: prevención en salud, envejecimiento activo, ciudades caminables y vivienda adecuada. Ajustar a tiempo es menos doloroso que recortar de golpe.

El Congreso que necesitamos

En la actual legislatura hay 20 representantes a la Cámara por Bogotá. Sin embargo, a juzgar por el tablero legislativo, la mayoría de iniciativas se pierden entre peleas por egos o quedan sin trazabilidad de ejecución para la ciudad. La capital no necesita más rabiosos en sus curules, sino gestores de políticas que generen autonomía fiscal para Bogotá, que produzcan una ley de educación financiera, que piensen en las próximas diez líneas del Metro. La tarea es elevar el nivel del debate: menos micrófono, más metodología. Por si acaso, cualquier lector puede verificar la productividad legislativa en los repositorios oficiales del Congreso: quién radica, quién debate y qué se convierte en ley aplicable. Y se darán cuenta que el porcentaje de los congresistas que han representado con hidalguía a la ciudad, es muy bajo.

Y es que es legítimo hacer política en redes, no podemos negar la modernidad, pero es insuficiente. El país envejece a una velocidad inédita y las decisiones que hoy se evaden hipotecarán presupuestos futuros. Una bancada bogotana a la altura debería dejar, entre 2026 y 2030, unos legados mínimos: un pacto capital por nuevas longevidades, con metas a 2030, empleo senior, redes sociosanitarias y ciudad accesible; trazabilidad para los bogotanos ligada al Presupuesto General de la Nación; líneas duras de inversión con impacto medible en transporte, seguridad, salud, vivienda y cuidado para mayores; y control político útil: menos espectáculo y más cronogramas, audiencias con evidencia y publicación mensual de avances.

Vivir más es un logro social. Convertir ese logro en bienestar demanda una política distinta: de los aplausos a los resultados. Bogotá ya es una ciudad de mayores, y seguirá siéndolo. La pregunta es si tendremos el coraje de priorizar y ordenar la casa hoy —desde el Congreso en favor de la capital— para que esa vida más larga sea también más digna, más segura y más libre. Ese es el debate con altura que nos debemos. Y es, además, la manera más seria de honrar a 1,22 millones de bogotanos que ya nos están mostrando el futuro.