Petro, el único culpable del alza de tarifas del servicio de transporte público en Bogotá y otras ciudades

Bogotá produce alrededor de la cuarta parte de la economía nacional. No es un secreto que es el músculo financiero del país. No obstante, cuando llega la hora de defender lo que ese músculo requiere para que siga funcionando, la capital suele quedarse sola. Somos pocos los que lo hemos hecho toda una vida, los que lo hemos demostrado en cargos públicos y los que visualizamos seguirlo haciendo, porque, por ejemplo, en el Congreso de la República la crisis de representación es crítica.

La capital elige una de las bancadas más grandes del país —18 curules en la Cámara—, pero demasiadas veces esa fuerza se diluye en agendas personales, peleas de micrófono, búsqueda de likes o en una política que confunde hacer ruido con realmente hacer valer a Bogotá. La ciudad produce, madruga, sostiene empleo e impuestos, y a cambio recibe, con frecuencia, trabas, discursos y una burocracia nacional que decide sobre la ciudad sin vivir las consecuencias.

El caso de TransMilenio es una radiografía. Es obvio que subir una tarifa pública nunca será popular, pero hay momentos en los que el verdadero abuso es hacerle creer a la gente que todo se arregla con indignación, mientras se esconden las variables reales. Hoy el Gobierno Nacional le debe al sistema de transporte de Bogotá alrededor de 825 mil millones de pesos, de plata que sale de los impuestos de los bogotanos y que hace falta en un sistema que moviliza a millones y que emplea a 35.000 personas. Y lo más grave es que esa deuda se vuelve invisible en el debate, porque es más rentable pegarle al Distrito que exigirle cuentas a la Nación.

Por eso resulta tan revelador que un congresista con votación importante en Bogotá (casi la mitad de sus votos al Senado) como Ariel Ávila prefiera concentrarse en atacar la ciudad y al alcalde, mientras el reclamo central —que paguen lo que deben— rara vez ocupa el primer renglón de su indignación pública. Es decir, Bogotá solo le sirvió para conseguir más de 43 mil votos, pero no para defenderla cuando el Gobierno Nacional le queda mal.

Aún más cuando el nefasto Ejecutivo de Gustavo Petro, en medio de su preocupante descalabro fiscal, sí encuentra dinero para otras prioridades. Porque mientras Bogotá discute cómo sostener un transporte público que no colapse tras un alza del salario mínimo que obviamente afecta el funcionamiento técnico —porque los trabajadores deben recibir ese aumento —, el Gobierno avanza en acuerdos para adquirir aviones de combate Gripen en Suecia, en una operación que supera los 16 billones de pesos. Y a Bogotá no son capaces de transferirle los 825 mil millones para que no se hubiera subido la tarifa del transporte público, como bien lo dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Ese es el espejo del populismo: se sube el mínimo para posar de héroe, pero el costo termina llegando al bolsillo de la gente en tarifas, precios y servicios.

Y claro que importa la defensa nacional (sobre todo con un gobierno con pésimas relaciones internacionales), lo que indigna es el orden moral y fiscal de las decisiones. Para no darle a Bogotá lo que se le debe, hay excusas. Pero para firmar compras monumentales, hay determinación.

Y hay múltiples ejemplos de cómo el gobierno le pone el freno de mano a Bogotá. Y luego salen representantes a la Cámara POR BOGOTÁ afines al petrismo a respaldar esas acciones que afectan la ciudad que deberían defender. Cuando desde el Congreso no hay una bancada que haga control político serio —sin show, sin insulto, sin carreta—, la ciudad termina pagando con plata y tiempo de vida.

Es curioso —y revelador— que quienes dicen representar a la ciudad no hayan salido a cobrarle al Gobierno lo que debe, sino a acusar al alcalde por un ajuste que se volvió inevitable. Ni María Fernanda Carrascal ni Ariel Ávila ni otros expertos del show digital hicieron lo esencial: exigir los recursos, promover un debate serio de control político, poner al Ejecutivo contra la pared por la deuda con la ciudad, o siquiera abrir una discusión pública sobre por qué se priorizan aviones mientras se desfinancia el transporte urbano. Sus formas es hacer mucho juicio en redes y poca defensa donde importa. Y ahí está la pregunta que debemos hacernos como bogotanos: ¿queremos congresistas populistas, expertos en indignación, o representantes que sepan planear, defender recursos y obligar a la Nación a cumplir?

Mencionada crisis de representación se vuelve todavía más peligrosa cuando se mezcla con la decadencia ética de algunos proyectos políticos que se vendieron como distintos. La Alianza Verde vive una crisis profunda por escándalos y fracturas internas que han golpeado su credibilidad, con dirigentes salpicados en investigaciones asociadas al caso UNGRD y una presión pública que el propio partido ha intentado contener con comunicados y defensas insuficientes ante las acciones sucias de Carlos Ramón González, Iván Name y Sandra Ortiz, sin contar el presunto obrar cuestionable de Camilo Romero.

Hay que decir que Ariel Ávila no está señalado en esos hechos, pero eso no lo absuelve de otra responsabilidad: la de usar su voz para atacar a Bogotá con mentiras, como lo ha hecho en el caso TransMilenio y como lo seguirá haciendo con otros, pues no es difícil descifrar que su estrategia de campaña es atacar a la Administración Distrital. Propuestas no se le conocen. Bogotá necesita congresistas que entiendan que el control político no se hace para ganar aplausos en redes sino para obligar a la Nación a cumplir, para destrabar decisiones, para evitar que la ciudad sea tratada como una caja registradora sin derecho a reclamar.

En contraste, el Nuevo Liberalismo tiene una historia que nace precisamente de una idea: la política como decencia y modernización institucional. Fue el movimiento impulsado por Luis Carlos Galán como respuesta a los vicios del poder. Y tras décadas de silencios y rupturas, recuperó su personería jurídica por decisiones judiciales y electorales que le devolvieron vida legal al proyecto. No es un partido perfecto —nadie lo es—, pero hoy tiene algo que en Colombia se volvió raro: la posibilidad de hablar de control político y transparencia sin cargar el lastre de grandes escándalos.

En conclusión, la crisis de TransMilenio deja múltiples enseñanzas. No es solo un debate técnico sobre tarifas. Es una cuestión de representación seria y eficiente. ¿Quién pone el cuerpo cuando al sistema le faltan cientos de miles de millones?, ¿quién exige ese pago con la misma fuerza con la que critica un decreto distrital?, ¿quién entiende que, si Bogotá se frena, Colombia también se frena?

Esa es la discusión de fondo. Y esa es la razón por la que Bogotá no puede seguir eligiendo show y mentiras. Tiene que elegir defensores de la ciudad y del país.