Legitimidad estatal y seguridad en Colombia

Los problemas de inseguridad en Colombia tienen una memoria tan larga como la historia de nuestro país. La inseguridad ha sido un problema persistente que se ha manifestado en diversos ámbitos que van desde conflictos internos hasta la delincuencia común. A pesar de numerosos esfuerzos, incluyendo constituyentes, proyectos de ley, políticas de gobierno, planes de desarrollo y acuerdos de paz, la inseguridad sigue siendo una preocupación constante.

El objetivo de esta columna no es proponer una solución mágica a problemas que han afligido a Colombia durante siglos, sino iniciar un debate sobre un enfoque de seguridad que refuerce la legitimidad del Estado al impartir justicia y combatir a quienes vulneran la seguridad de los colombianos. La legitimidad del Estado es crucial para garantizar la seguridad y administrar justicia de manera efectiva.

En una columna anterior sobre el "populismo en tiempos de inseguridad", concluí que “la seguridad depende de todos, y hasta que no se trabaje por mejorar ese engranaje, los esfuerzos individuales serán insuficientes”. Sigo sosteniendo que la seguridad debe abordarse de manera transversal. Sin embargo, para que los esfuerzos conjuntos tengan un mayor impacto, es necesario mejorar la legitimidad del Estado en estos ámbitos.

El Estado es el único ente que puede ejercer la fuerza de manera legítima, pero en la práctica, esta legitimidad es frecuentemente cuestionada. La proliferación de grupos delincuenciales como guerrillas, paramilitares, autodefensas, cárteles de narcotráfico y bandas criminales, demuestra la debilidad histórica de Colombia en mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Esta situación se debe en gran medida a un enfoque de seguridad más reactivo que preventivo frente al crimen y la delincuencia.

Para ser más efectivo, el enfoque de seguridad debe ser preventivo. Aunque los discursos políticos a menudo afirman que mejorar las condiciones sociales de la población reducirá la delincuencia, este enfoque es insuficiente sin un respaldo fuerte en políticas de seguridad. La política social no puede tener grandes resultados sin una política de seguridad que garantice su ejecución.

Por lo tanto, Colombia necesita una política de seguridad más integral, que reduzca las limitaciones operativas de las fuerzas armadas y fortalezca la judicialización de los delincuentes. Ser un delincuente no puede justificarse por razones de pobreza económica (sino no existirían los “ladrones de cuello blanco”), y para lograr una mejora real en la seguridad, es esencial fortalecer la legitimidad del Estado en la garantía de seguridad y la impartición de justicia en todo el territorio.

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El objetivo final debe ser cumplir con la popular máxima "quien la hace, la paga", algo que actualmente no se logra plenamente en Colombia. La seguridad no puede quedarse en buenas intenciones o discursos políticamente correctos. Mejorar la legitimidad del Estado para una aplicación efectiva de la ley y garantizar la seguridad debe ser una cuestión de rigor y estrategia para contrarrestar la criminalidad. Ojalá llegue el día donde cualquier intención de delinquir en el país sea pensada dos veces por aquellos que pretenden seguir alimentando la inseguridad en Colombia.

Y recordemos que alcanzar la paz no depende de buenas intenciones, eso ya lo vimos en el proceso con las FARC, donde entre mejores intenciones se han tenido, más se ha descuidado la ofensiva de seguridad y han fracasado lentamente aspectos clave de ese proceso.