Populismo costoso

“El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, es una de las frases populares que más explican las consecuencias de políticas públicas bien intencionadas que terminan generando efectos negativos para una sociedad en general.

Si bien a todos les parece positivo que el Gobierno aumente el salario mínimo con el pretexto de “darle más recursos a la clase trabajadora”, lo cierto es que ha llevado a Colombia a unos niveles de inflación no vistos desde la pandemia del coronavirus, los cuales tienen al país como el segundo de la OCDE con el IPC más alto, superado únicamente por Turquía.

Más allá de los efectos inflacionarios, que terminamos pagando todos por medio del incremento de las tasas de interés de los productos financieros, los trabajadores no están teniendo más recursos, sino todo lo contrario: cada vez ganan menos. Las cifras del Dane reflejan que el número de trabajadores que gana menos del salario mínimo aumentó desde 9,7 millones a finales de 2022 a 12,3 millones en los primeros meses de 2026.

Volviendo al tema de las tasas de interés, si bien el Banco de la República ha venido aumentando la tasa de intervención con el fin de frenar la inflación, desde antes las tasas de los TES a los que se endeuda el Gobierno han venido aumentando a niveles no vistos en la última década, llegando a superar el 14% en deuda de corto plazo. De hecho, por primera vez en años los intereses de la deuda de corto plazo son más altos que los de la deuda a largo plazo. El problema de este fenómeno es que el nuevo Gobierno va a tener que pagar billones de pesos de deuda y otros cuantos de intereses de manera casi que inmediata, limitando su flujo de caja y liquidez.

Perdiendo demandas

Lo más insólito del populismo es que cuando anuncian las medidas salen los expertos a advertir las consecuencias de implementar ese tipo de iniciativas, pero como siempre: hacen caso omiso y al final todos terminamos pagando las consecuencias.

A inicios de 2023 el Gobierno anunció que iba a congelar el precio de los peajes para ese año, debido a que la inflación había sido alta en 2022 (13,12) y no querían afectar el bolsillo de los conductores. Cuando se hizo el anuncio, abogados de todo tipo advirtieron al Gobierno que los incrementos de los peajes en las vías están estipulados en los contratos de concesión y que no podía arbitrariamente decidir no subir los precios.

Pues bien, el Gobierno no escuchó a los expertos y congeló los precios de los peajes, por lo que recibió varias demandas por parte de las empresas encargadas de las concesiones. En los últimos días, Constructora el Cóndor, una de las compañías demandantes, informó que ganó el laudo arbitral y que el Gobierno deberá pagarle a la firma $3,5 billones, no solo por haber congelado el precio de los peajes, sino también porque el tribunal ordenó finalizar anticipadamente el contrato de concesión.

Lo más triste de esta historia es que la vía que El Cóndor construyo (Ruta al Mar) tenía un costo total de $2,7 billones. Esto quiere decir que el Estado no solo deberá pagar el costo total de la obra, sino un adicional de $800.000 millones adicionales por simplemente no cumplir un contrato. Además, la vía ahora vuelve a manos del Estado y será la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la encargada de administrar y mantener el corredor vial y ya sabemos que las vías a cargo del estado suelen quedar abandonadas y se deterioran con el tiempo.

Lo curioso es que por supuesto no va a ser este Gobierno el que tenga que pagar los $3,5 billones sino que van a ser sus sucesores. Y ojo, recordemos que el Estado no produce un solo peso, sino que los recursos que obtiene son todos gracias a los impuestos y tributos que pagamos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? que todos vamos a pagar por el populismo del Gobierno.

Si dividieramos esos $3,5 billones de deuda nueva que tiene el Estado entre los 50 millones de habitantes, a cada uno nos tocaría pagar $70.000. Puede que no le parezca mucho, pero teniendo en cuenta que la informalidad es de casi el 60% y que más del 50% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, es un costo adicional que se podría haber evitado con facilidad porque al final los peajes tuvieron que subir. Mejor dicho, perdimos todos, menos la concesión.