Galeón San José, más política que ciencia

Durante el gobierno Santos se tramitó la Ley 1675 de 2013, que desprotegió el patrimonio arqueológico subacuático de Colombia, permitiendo su comercialización. Mientras que otros países buscan proteger su patrimonio cultural, Colombia caminó en la dirección opuesta. El resultado fue la llegada de una empresa de cazatesoros que anunció el hallazgo del galeón San José en diciembre de 2015.

A partir de ese momento se entabla una pelea desigual entre el gobierno y la academia, nacional e internacional, que mediante mecanismos legales y mediáticos desmintió los argumentos del gobierno que insistían en afirmar que Colombia no contaba con especialistas, ni equipo, ni recursos, para adelantar un proyecto arqueológico subacuático de esta envergadura.

Con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, hubo un evidente cambio de rumbo. Una única reunión de la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez, con miembros de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, sirvió para que el gobierno decidiera declarar el contexto del galeón San José como Bien de Interés Cultural de la Nación, en enero de 2020, y cancelar la licitación que se había preparado por el gobierno anterior, cuyo objetivo era el de saquear el naufragio y comercializar su carga. Lastimosamente este último gobierno derivó las responsabilidades a la Armada Nacional y a la Dirección General Marítima, desconociendo que se trata de un tema estrictamente arqueológico.

Aunque nuestros militares cuenten con barcos y sofisticados equipos para acceder al fondo del mar, no tienen la formación ni el conocimiento para abordar científicamente contextos arqueológicos. Mal haríamos los arqueólogos en liderar la política de defensa marítima del país.

En ese sentido quedaron pendientes algunas tareas importantes que el gobierno Petro deberá asumir, teniendo en cuenta el compromiso que hasta ahora ha expresado en relación con nuestro patrimonio arqueológico. Por un lado derogar la Ley 1675 de 2013 y su decreto reglamentario, dado que la Ley 397 de 1997 protege el patrimonio arqueológico nacional, incluyendo el que se encuentra bajo el agua (mar, ríos, lagos y lagunas). Es decir, que Colombia le cierre definitivamente la puerta a los cazatesoros e impedir que nuestro patrimonio cultural sea saqueado y comercializado. Segundo, diseñar políticas públicas asociadas con la protección, la investigación y la divulgación del patrimonio cultural sumergido colombiano. Unas políticas públicas que deben ser discutidas de una manera amplia, representativa y con la decidida participación de la comunidad científica nacional.

Finalmente debe asumir el proyecto del galeón San José como un tema de Estado, de carácter eminentemente científico, con el liderazgo de los académicos colombianos y la participación de la cooperación internacional, representada exclusivamente por instituciones científicas de reconocido prestigio.

Afirmar ahora que vamos sacar el contenido del galeón San José es preocupante. Antes de tomar decisiones al respecto, se debe estudiar el estado actual de este contexto. Una tarea que no se ha hecho y que requiere numerosos estudios, equipos y especialistas.

Contar con un vehículo de operación remota y las buenas intenciones de nuestros oficiales de la Armada, no es suficiente.

Juan Guillermo Martín, PhD
Profesor de Arqueología e Investigador Senior/MinCiencias