Bogotá 2.600 metros más lejos de las estrellas | Por: María Elena Bonilla Páez

Por: María Elena Bonilla Páez*

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El Gobierno Nacional, mediante la expedición de las resoluciones 666, 735, 749, y 1050 del 2020, reglamentó los protocolos de bioseguridad que deben implementar los restaurantes y cafeterías.

Con ello en mente, los propietarios de restaurantes en diferentes zonas del país invirtieron sus ya mermados recursos para hacer las modificaciones locativas y adquirir los implementos que dichas normas exigen.

No obstante, en la Alcaldía de Bogotá se ha hecho caso omiso a dichas disposiciones y en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico se está promoviendo el programa ‘A cielo abierto’.

Según dicho programa, la Secretaría caprichosa y arbitrariamente ha designado unas zonas de la ciudad, en diferentes localidades, para permitir que los restaurantes que están en las zonas aledañas puedan prestar sus servicios de comida, preparada a la mesa.

No obstante, dicho programa viola cualquier principio de igualdad y equidad. Privilegia a unos pocos empresarios, restringe la capacidad de los que no están ubicados en las zonas habilitadas por el Distrito e incentiva el uso del espacio público de forma antitécnica y sin la planeación adecuada.  

Y como si fuera poco, le niega la posibilidad a quienes no están en las zonas incluidas por la Secretaría, que irónicamente ostenta el nombre de “Desarrollo Económico”, a abrir sus puertas al público.

Esta clase de decisiones, que se adopta a espaldas de las angustias y las súplicas de cientos de restauranteros de la ciudad, no solo los llevará a la inevitable quiebra, sino que dejará en la calle a miles de trabajadores directos que no conocen otro oficio.

Y no, no se trata de plantear una dicotomía entre el derecho a la vida y el derecho al trabajo como maliciosamente se ha pretendido. Y no se trata de abrir una discusión en relación con nuestras preferencias políticas. Las cuales, valga decir que --no vienen al caso--.

Se trata de la insensatez de los funcionarios públicos que, recibiendo cómodamente sus salarios y prestaciones, no comprenden las angustias ajenas para procurar cumplir las obligaciones atrasadas con negocios, que hoy valen cero.

Estos funcionarios no saben el dolor que se siente poner la cara para decirles a cientos de trabajadores ‘hoy no tengo con qué pagar su salario’ y no importan las noches de insomnio, los recursos no caen del cielo.

Y no, tampoco se trata de ser atenidos porque del Gobierno nunca se espera nada. Se trata de que se nos restablezcan nuestros derechos.

Y resulta increíble que en ciudades como Cali, Armenia y Bucaramanga ya haya restaurantes abiertos con servicio a la mesa y que en Bogotá solo se hable de la implementación de un plan piloto a partir del mes de septiembre. Abiertamente inconstitucional, y que deja a Bogotá con un cielo cerrado para muchos y cada vez más lejos de las estrellas.

*Socia de la Firma Leyva Ontier Abogados