ELN, la guerra a la paz

En diciembre de 2001, falleció el menor Andrés Felipe Pérez (11 años de edad) de un cáncer incurable mientras rogaba a la entonces guerrilla de las FARC la liberación de su padre, el cabo de la policía, José Norberto Pérez. Ni siquiera la intermediación de Fidel Castro -gestionada por el gobierno de Andrés Pastrana- logró conmover al secretariado de conceder un gesto humanitario. Como si fuera poco, luego de 25 meses de secuestro, el cabo fue asesinado durante su cautiverio. El horrendo crimen estaba antecedido por la masacre de La Chinita, el absurdo asesinato de los tres indigenistas estadounidenses (Terence Freytas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay) y fue seguido por la toma de Toribio con un carro bomba, el asesinato a sangre fría de Doris Gil y Helmuth Bickenbach y la estremecedora ejecución de los diputados de la Asamblea del Valle, entre otros.

Aquello significó la imposibilidad de que las FARC tradujeran los avances militares en influencia política. Las tomas a la base militar de Las Delicias, al Cerro de Patascoy o Mitú, terminaron como un testimonio de un poder desproporcionado y de embriaguez, más que como una muestra de pericia militar aprovechable en el terreno político. El ELN aún no aprende, ni entiende que los avances militares dejaron de significar ventajas estratégicas en la negociación. Por el contrario, allanan al camino para generar consensos sobre la riesgosa tesis de que una victoria militar del Estado aún es posible.   

A esto se suma que uno de los puntos más débiles de la izquierda en el poder, ha sido el de la seguridad, con la particularidad de que en Colombia el progresismo la ha atado a la consecución negociada de la paz. De allí la enorme dificultad por la que actualmente atraviesa el gobierno de Gustavo Petro para cumplir con dos propósitos de campaña: la desmovilización del ELN por la vía de una negociación, y el tránsito de una seguridad nacional basada históricamente en la contrainsurgencia, a una “humana” en la que la defensa no se impone a expensas de los derechos. Aún así, debe mantener el esfuerzo pues no solo se trata de una promesa por la que seguramente millones votaron, sino por ser un deber constitucional. 

El proceso atraviesa por un momento crítico pues esa guerrilla no ha renunciado a golpes contra la Fuerza Pública con un efecto contrario al esperado. La guerrilla pretende llegar a la mesa de negociación con una ventaja estratégica enviando el mensaje de que no se trata de un movimiento derrotado. Por ende, la negociación no puede equipararse con un sometimiento, sino que debe estar lo más cerca posible de un empate militar o un equilibrio como ocurrió en la guerra civil salvadoreña.

Se trata de una postura delirante, no solo porque en Colombia no haya guerra civil, sino porque desconoce el enorme repudio que genera este tipo de acciones contra policías y militares. Más grave aún resultan las graves infracciones al derecho internacional humanitario, en particular el secuestro tal como ocurrió con la sargento Gihislane Karine Ramírez, cuya retención se habría producido con sus dos hijos menores de edad (6 y 8 años), que convierten un delito de por si repudiable, en una práctica donde los márgenes humanitarios parecen importar tan solo a las oenegé y a los promotores de la paz en la sociedad civil.

Con estas acciones, lejos de acumular ventajas estratégicas para la negociación, el ELN dinamita el proceso y desvaloriza la paz. Los antecedentes en Colombia sobre esta tendencia son reveladores. Basta recordar cómo en julio de 1988, cuando no había internet, ocurrió una de las primeras movilizaciones contra al secuestro en la que salieron miles de personas con pañuelos blancos a exigir la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, indignados por una retención premonitoria de un delito que condicionaría nuestra historia de los 90 y comienzos de siglo. O las 10 millones de personas que votaron en 1997 por el mandato por la paz, una iniciativa civil cuya vigencia parece intacta y los 4 millones de colombianos que en 2008 salieron a repudiar la violencia de las FARC. 

El próximo 3 de agosto empezará a operar el cese al fuego con el ELN, que se había convertido en uno de los objetivos principales del Gobierno. Se ha buscado a como dé lugar concretar acuerdos parciales a sabiendas de que el tiempo es corto y la impaciencia por resultados crece a la par de la violencia. El Gobierno tiene todo en su contra. Su origen progresista ha hecho pensar que tiene afinidades ideológicas con la guerrilla, por ende, le adjudican condescendencia. En cada atentado del ELN, aparecen figuras de la oposición que, en lugar de responsabilizar a la guerrilla, apuntan a quienes desde el Congreso o ejecutivo han promovido una paz negociada. A esto se suma la falta de apoyos a la negociación desde el centro que debería apoyar la idea de que sin diálogo no habrá paz, pero parece cada vez más compenetrado con la ilusión de una victoria militar, eco lejano de las épocas de la seguridad democrática. Se trata de una nostalgia incomprensible a propósito de testimonios recientes en el seno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

El proceso de paz luce frágil y seguramente una vez iniciado el cese a fuego lo será aún más. En efecto, cualquier alteración será causal para que alguno acusando a su contraparte de saboteo, termine parándose de la mesa, como ha ocurrido en el pasado. De allí, la labor inestimable del mecanismo de verificación y monitoreo con la Iglesia y Naciones Unidas. No parece haber un objetivo mas urgente para Colombia como nación, que lograr la desmovilización de los distintos grupos armados y de una vez por todas, una paz estructural en uno de los pocos países del mundo donde todavía se reivindica la violencia política. El fracaso del proceso será difícilmente reversible. Hará más difícil en el corto plazo retomar la paz y tal como ocurrió en febrero de 2002, quedará seriamente desvalorizada de cara a un electorado que puede volver a caer en los brazos de la tesis simplista de una victoria militar.   

@mauricio181212
Profesor de la Universidad del Rosario