La contradicción del cese al fuego

A pesar de la búsqueda del desescalamiento del conflicto armado por parte del Gobierno Nacional con la firma de seis decretos de cese al fuego, la realidad es que en muchos territorios el conflicto no ha disminuido, por el contrario, se ha recrudecido. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo denuncia el aumento de la presencia del ELN de 2019 a 2023 hasta en un 56%, llegando a 232 municipios.

En el caso del Clan del Golfo, el aumento es hasta del 84%, mientras que para el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia es del 141%. El saliente defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que los ceses al fuego han sido utilizados por los grupos armados como una estrategia de expansión y fortalecimiento territorial, dejando una crisis humanitaria en el país.

Para rematar este difícil panorama, Camargo denunció que Cali es la capital financiera del Estado Mayor Central; y ante semejante denuncia, la pregunta obligada es ¿cuál es la respuesta del alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca y qué medidas están tomando al respecto?

El escalamiento del conflicto conlleva fenómenos cómo el reclutamiento forzado de menores, la instalación de minas antipersonales, el desplazamiento forzado, las masacres, el asesinato de líderes sociales y las violaciones de los derechos humanos de manera sistemática contra la población civil.

Cabe decir que esto no es un fenómeno que se ha dado exclusivamente durante el actual gobierno de Gustavo Petro, sino qué comenzó al final del gobierno de Juan Manuel Santos; creció exponencialmente en el gobierno de Iván Duque, en el que tuvimos más de 60 masacres anuales reportadas por Naciones Unidas, y durante el cual ONGs denunciaban que podrían ser hasta más de 90 masacres por año.

Actualmente, los diferentes ceses al fuego no están cumpliendo con su objetivo qué es desescalar el conflicto, reducir el número de víctimas, reducir los impactos sobre la población civil, y con ese marco poder adelantar una negociación de paz, por el contrario, los grupos armados ilegales tomaron el cese al fuego como un espacio de repliegue estratégico en su confrontación con las Fuerzas Militares, pero de crecimiento, expansión y de guerra abierta con sus enemigos de otras estructuras generando una afectación directa contra la población civil.

Apostar por la paz siempre será un hecho qué se debe apoyar, todos los esfuerzos para alcanzar una solución negociada al conflicto son importantes, pero también es cierto que la paz implica una estrategia y unas banderas rojas que no se pueden dejar cruzar, y una de esas banderas rojas es la afectación y las violaciones a los derechos humanos de la población civil.

Hoy las disidencias y los diferentes grupos están usando el cese al fuego como una trampa y una posibilidad de cumplir sus objetivos a costa de la población civil, el gobierno a través de su comisionado de Paz debe fijar unos límites en la negociación que, de no ser cumplidos por los diferentes grupos armados, deben dar por concluido los ceses al fuego.

Si los grupos armados ilegales tienen una verdadera voluntad de paz que comiencen respetando los derechos humanos de la población civil.