El Decretazo: Solo el principio

Este decreto no es más que la primera jugada en un cuestionable juego de ajedrez político diseñado para perpetuar a Petro o a su partido en el poder.

El exfiscal y actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, conoce bien las debilidades de su tesis. Sabe que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, con alta probabilidad, declararán el decreto inconstitucional. Sin embargo, el plan no depende de su viabilidad jurídica, sino de su utilidad política. Mientras las cortes deliberan, el gobierno gana herramientas para presionar al Congreso, oxígeno para sortear los desafíos de su mandato y, sobre todo, tiempo para afinar su estrategia de cara a las elecciones de 2026.

Lamentablemente, la justicia no actuará con celeridad. En el mejor de los casos, el decreto será examinado por las autoridades competentes en uno o dos meses, hacia agosto de 2025. El proceso de revisión podría extenderse entre dos y tres meses adicionales, dependiendo de la presión ejercida por la ciudadanía y el propio gobierno sobre la rama judicial. Esto sitúa la decisión final en noviembre o diciembre, un cronograma que el Ejecutivo parece tener cuidadosamente calculado.

Mientras tanto, Petro intentará presionar a la Registraduría Nacional para que fije una fecha para la consulta y dé inicio al proceso electoral. Sin embargo, esta maniobra enfrentará obstáculos. El registrador, consciente de las implicaciones, probablemente solicitará un concepto previo a las cortes, lo que retrasará aún más los planes del gobierno.

Aunque temporalmente frenado, el gobierno no quedará desarmado. Este compás de espera le permitirá movilizar su base, polarizar el discurso y mantener la narrativa del “bloqueo institucional” para justificar la violación de la Constitución. Así, busca allanar el camino hacia una Asamblea Constituyente convocada al margen de los mecanismos legales que exigen la aprobación del Congreso.

El "Decretazo" no es un fin en sí mismo, sino una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Petro y su círculo saben que esta controversia nacional les permite relegar a un segundo plano los casos de corrupción y la deficiente gestión del “cambio”. Aprovecharán este contexto para consolidar alianzas, neutralizar opositores mediante la política del miedo y moldear la narrativa a su favor.

Y el dinero, ¡claro que no faltará! De manera irresponsable, el gobierno activó la cláusula que elimina la Regla Fiscal, permitiendo un endeudamiento a niveles sin precedentes. ¿El objetivo? Desviar el gasto público hacia la Constituyente y la reelección del petrismo, dejando de lado las necesidades de gobernar.

Es contraintuitivo, pero el petrismo se nutre del caos, la incertidumbre y, sobre todo, de la violencia. Muchos se preguntan: ¿a quién beneficia el atentado contra Miguel Uribe y la violencia generalizada? Irónicamente, al gobierno. La oposición y las instituciones democráticas operan dentro del marco constitucional, mientras que el gobierno y sus aliados no dudan en traspasarlo. La violencia limita la acción política de la oposición en gran parte del territorio nacional; el dinero y la burocracia estatal favorecerá a los candidatos oficialistas; la incertidumbre siembra miedo y duda en los votantes. Tras agotar todas las fases del plan de Montealegre y Petro, el país podría enfrentarse a unas elecciones sin garantías, con el riesgo de que se pospongan o se desconozcan sus resultados si la izquierda pierde.

Los golpes de Estado modernos no se ejecutan con tanques ni son repentinos; son progresivos. Para imponer una dictadura, es necesario destruir la Constitución y sus instituciones o, como se ha anunciado, reformarlas hasta replicar el modelo venezolano.

A pesar de este panorama sombrío, Colombia aún tiene esperanza. Una golondrina no hace verano, por eso, el pueblo debe salir a las calles de manera masiva cuando sea necesario, como ocurrió el pasado domingo. El petrismo no es mayoría, pero buscará imponerse por la fuerza. Ahí es donde las instituciones, respaldadas por la ciudadanía, deben erigirse como el baluarte que preserve la República.

Nota final: El atentado contra Miguel Uribe y el caos institucional que atraviesa el país deberían ser razones suficientes para que todos los sectores democráticos se unan en una alianza republicana que frene al petrismo.