Petro no va a bajar el tono

Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Ni el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, ni el de Álvaro Gómez Hurtado en 1995 pusieron en jaque la integridad democrática e institucional del país como lo ha hecho el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe.

El factor diferencial entre aquellos episodios del pasado y el presente radica en quién ocupa la Presidencia de la República. El problema ya no es el pasado violento de Gustavo Petro con el M-19 que el país decidió amnistiar y algunos perdonar; el desafío yace en su presente histórico, en donde con una retórica irresponsablemente populista y llena de odio ha conseguido polarizar a niveles históricos a uno de los países más violentos del mundo.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha adoptado una estrategia que parece inspirarse en una máxima atribuida a Stalin: “Un muerto es una tragedia, un millón es una estadística”. Esta lógica, adaptada al contexto actual, se manifiesta en dos sentidos.

Primero, el presidente ha demostrado una habilidad para mantener a la opinión pública en un constante torbellino de controversias, donde el escándalo de hoy desplaza al del ayer, diluyendo la rendición de cuentas. Segundo, su visión de un “ideal” transformador parece justificar, para él y sus seguidores más radicales, un costo altísimo: el debilitamiento de la democracia, la erosión de la confianza en las instituciones, el estancamiento económico, el abandono total de la agenda de seguridad y, lo más grave, el ataque antidemocrático y constante desde la presidencia a sus contradictores.

El atentado a Miguel Uribe es el resultado de tres años de un presidente llamando a sus opositores: nazis, paramilitares, narcotraficantes, muñecas de la mafia, explotadores, esclavistas, comerciantes de la muerte, entre muchos otros calificativos. El atentado es también la consecuencia de una política de “guerra a muerte” promovida por el mandatario desde la plaza pública y la amenaza repetida a los congresistas que en democracia votan en contra de sus reformas. Lo que vivimos hoy se da por un contexto de violencia y agresividad política que ha sido liderada por el presidente y apoyada por cientos de bodegas e influencers pagados con nuestros impuestos que perfilan, atacan y desprestigian a diario a los líderes de la oposición.

No nos mintamos y mucho menos maquillemos la enorme responsabilidad política que tiene el presidente Petro en toda esta tragedia que vive la nación. Lejos de buscar desescalar el discurso, Petro ha decidido radicalizarse aún más. La reciente promulgación del ilegal “Decretazo”, una maniobra que busca imponer su agenda por encima de las instituciones democráticas, es una prueba clara de su intención de consolidar un poder autoritario. Asimismo, su negativa a suspender los eventos proselitistas en Cali, a pesar de la escalada de tensión política y social, demuestra que no tiene interés alguno en apaciguar los ánimos. Por el contrario, su estrategia parece ser la de avivar el conflicto, utilizando el miedo y la polarización como herramientas para mantenerse en el poder.

Contribuir a desescalar el discurso no significa silenciarse ni ceder ante el autoritarismo. Todo lo contrario: permitir que un líder con claras tendencias antidemocráticas nos atropelle no traerá paz, sino una sumisión que erosionará aún más los cimientos de nuestra democracia. La respuesta no es el silencio, sino la firmeza en la defensa de las instituciones, la libertad de expresión y el derecho a disentir. Callar frente a Petro es darle vía libre para que su retórica de odio y sus maniobras autoritarias terminen de fracturar al país. Colombia necesita una oposición valiente, articulada y comprometida con la democracia, que no caiga en la trampa de la violencia, pero que tampoco se doblegue ante la intimidación. Petro no bajará el tono; nosotros no podemos bajar la guardia.