Opiniónoctubre 23, 2022hace 3 meses

¡Legalícenla!

Puede contribuir a aliviar el hacinamiento carcelario, que ronda el 20,2%, protagonizado en parte por personas condenadas por delitos de narcotráfico.

José Daniel LópezJosé Daniel López /Foto: Noticias RCN

El proyecto de reforma constitucional para legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos nunca había llegado tan lejos ni había contado con amplias mayorías. Pero todavía le falta un camino largo y culebrero por recorrer: 6 debates de acá a junio de 2023. ¡Ojalá el Congreso por fin lo saque adelante!

Lo más interesante del proyecto es que puede ser el primer paso de una nueva visión de la lucha contra las drogas. Como bien dice Rafael Pardo Rueda, Colombia ha ganado todas las batallas contra el narcotráfico, pero pierde la guerra estruendosamente. Hemos hecho enormes sacrificios en vidas humanas, desinstitucionalización, degradación cultural y gasto público en la lucha contra la bonanza marimbera, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los grupos paramilitares, las guerrillas y las bandas criminales. Pero basta con dar de baja un jefe criminal, capturarlo o desarticular una organización, para que surjan varias más, con igual o mayor virulencia. La extraordinaria rentabilidad del negocio, derivada de su ilegalidad, explican este ciclo sin fin.

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Pero además, el mundo ya viene recorriendo este camino. Estados norteamericanos como Washington, Colorado y Oregon ya dieron el paso. La industria del cannabis de uso adulto genera en Estados Unidos cerca de 200.000 empleos y casi 400 millones de dólares en impuestos al año, los cuales van generalmente para programas de educación y salud. En Uruguay, donde también es legal, esta industria genera ingresos anuales que rondan los 45 millones de dólares.

En Colombia, donde la producción, comercialización y consumo del cannabis medicinal es legal, han aterrizado en Colombia más de 500 millones de dólares en inversión extranjera para este sector, van más de 3.000 licencias aprobadas por el gobierno nacional dirigidas a 1.209 empresas distintas y se han sembrado 532 hectáreas, según ASOCOLCANNA, gremio presidido por Miguel Samper. Y ojo a este dato: según Fedesarrollo (2019), cada hectárea de cannabis puede generar hasta 17,3 empleos directos en el campo colombiano.

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Pero la legalización es más que un buen negocio. Puede contribuir a aliviar el hacinamiento carcelario, que ronda el 20,2%, protagonizado en parte por personas sindicadas y condenadas por delitos de narcotráfico. Debe mencionarse que hoy, de cada 10 mujeres privadas de la libertad, 5 lo están por este tipo de conductas.

Finalmente, me pregunto si corresponde a un Estado moderno determinar qué sustancias pueden consumir sus ciudadanos, como si fuera una especie de padre de familia. Es obligación del Estado brindar información objetiva sobre el tema, advertir riesgos, educar y generar programas que entiendan la adicción a las drogas como un problema de salud pública. Pero no es razonable que, a estas alturas de la historia, haga semejantes esfuerzos fiscales, militares y penitenciarios para restringir decisiones  individuales de consumo, por demás con muy poca eficacia.

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Ojalá el proyecto que legaliza el cannabis de uso adulto llegue a buen término. Ya es hora. Mi reconocimiento a su principal promotor, Juan Carlos Losada, a quienes en el pasado lo intentaron con ahínco, como Juan Fernando Reyes Kuri y a los congresistas y voces de la sociedad civil que empujan esta causa.

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