Bogotá no le pertenece al tren de Aragua

Hace pocos días, el periodista Felipe Quintero reveló en Noticias RCN una conversación que estaría en poder de la Fiscalía. En ella, uno de los señalados delincuentes de esta organización afirmaba: “Bogotá me pertenece”. Y no se quedaba ahí. Decía también: “Todas las pistolas en Bogotá son mías” y “No hay una olla ahí que no sea mía”. En ese mismo audio habla de homicidios y presume de supuestos contactos con policías: “los policías son panitas míos en todo lado” y “yo autorizo hasta 5 muertes diarias”.

Son afirmaciones gravísimas que, por supuesto, deben ser investigadas y comprobadas. Pero no aparecen de la nada. Días antes habían sido judicializados ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por el asesinato del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel. Según la investigación, el trabajo que hacía con jóvenes en Kennedy para prevenir el consumo de drogas habría afectado intereses relacionados con el narcotráfico y la extorsión. También fueron capturados cinco presuntos integrantes de esta organización por su posible participación en el lanzamiento de un artefacto explosivo en Kennedy, en medio de disputas por el microtráfico y la extorsión. Todo esto debería preocuparnos.

Cuando una organización criminal pretende decidir quién vende droga, quién paga una extorsión, quién puede trabajar tranquilo en un barrio o quién debe ser atacado por meterse con sus negocios, estamos frente a una señal muy grave de pérdida de autoridad. Y ahí el anterior Gobierno Nacional del señor Gustavo Petro también tiene mucho que explicar, ante la incapacidad de reaccionar después de cada asesinato, cada amenaza o cada explosión.

Tampoco podemos dar por cierto todo lo que dice un delincuente. Hasta ahora no está probado que miembros de la Policía estén colaborando con esta organización. Pero una acusación de ese tamaño tampoco puede simplemente ignorarse. Hay que investigarla hasta el final.

Además, las alertas no son nuevas. Desde 2024, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre disputas entre organizaciones criminales por el control de zonas de Bogotá, entre ellas estructuras relacionadas con el Tren de Aragua. Por eso cuesta aceptar que las alarmas estuvieran encendidas y que, aun así, el problema siguiera creciendo. Incluso desde el Concejo, por esa misma época, advertimos sobre la magnitud del problema: cerca de 600.000 viviendas en Bogotá estarían ubicadas en entornos cercanos a una olla de expendio de drogas.

Y aquí está el punto de fondo: capturar no siempre significa desmantelar. Si capturamos a quien cobra una extorsión y al día siguiente aparece otro en su lugar, el negocio sigue funcionando. Si un cabecilla continúa dando órdenes desde una cárcel, la captura no resolvió el problema. Y si detenemos personas, pero dejamos intactos el dinero, las armas y las redes de la organización, la estructura puede seguir delinquiendo.

Bogotá necesita una respuesta mucho más contundente. Cada operativo debe servir para debilitar realmente a estas organizaciones, no simplemente para anunciar nuevas capturas ante los medios.

Hay que saber quién manda, quién cobra, quién mueve el dinero, quién consigue las armas y quién transmite las órdenes. Hay que perseguir sus bienes y sus cuentas, cortar las comunicaciones criminales desde las cárceles e investigar cualquier posible colaboración dentro del Estado. Y si se comprueba que hubo funcionarios ayudando a estas estructuras, deben responder ante la justicia con todo el peso de la ley. Colombia ya tiene herramientas legales para perseguir a estas organizaciones y quitarles los bienes obtenidos con actividades ilícitas. Por eso, una de las prioridades del actual Gobierno y del Ministerio de Justicia debe ser mejorar la coordinación entre las entidades, fortalecer la inteligencia y conseguir resultados que la gente pueda ver.

Después de cada operación, estas organizaciones deberían quedar con menos dinero, menos armas, menos capacidad para dar órdenes y menos posibilidades de reemplazar rápidamente a quienes son capturados. Ese es el resultado que importa.

Si se confirma que Kevin Santiago Ángel fue asesinado porque su trabajo con jóvenes afectaba intereses del narcotráfico, estaríamos ante un mensaje todavía más grave: estas organizaciones no solo quieren controlar negocios ilegales. También estarían intentando silenciar a quienes les disputan los jóvenes y protegen a sus comunidades. Eso no se puede permitir.

La seguridad no se defiende solamente con policías patrullando las calles. También se defiende protegiendo al comerciante que denuncia, a la familia que quiere vivir tranquila y al joven que se niega a terminar en manos del microtráfico. Quien trabaja por su comunidad debe sentir que el Estado está de su lado, no quedar solo frente a las amenazas.