Opiniónoctubre 27, 2022hace un mes

Un colombiano secuestrado en Tanzania

Más allá de la verdad procesal, el caso revela dos fallas estructurales en Colombia a la hora de abordar estos casos, política y mediática.

Mauricio JaramilloMauricio Jaramillo /Foto: Noticias RCN

Andrés Felipe Ballesteros, colombiano de 36 años de edad acaba de recuperar la libertad luego de ser liberado en Tanzania, donde estuvo 8 años detenido acusado de un delito que no habría cometido. La Fiscalía de ese país habría manipulado pruebas para hacerle ver como culpable y lo que resulta más grave, se violaron varias garantías al debido proceso y sus derechos fueron sistemáticamente pisoteados sin que en Colombia asomara reacción.

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El lunes 24 de octubre una prestigiosa emisora colombiana realizó un especial en el que puso en duda la versión de Ballesteros, dejando en el ambiente la tesis de que la campaña para lograr su liberación fue un engaño con el numeral #esunafarsa, de evidente inspiración sensacionalista y ribetes pocos éticos. El periodista Andrés Felipe Giraldo llevó este caso a las redes, y organizó la colecta para pagar la fianza cercana a los 120 millones de pesos. Sin que nadie se lo pidiera, Giraldo hizo en algunos meses, lo que los medios y el Estado colombiano por negligencia, omitieron durante casi una década.

Más allá de la verdad procesal, el caso revela dos fallas estructurales en Colombia a la hora de abordar estos casos, política y mediática. En la entrevista de la emisora a Giraldo, se nota la poca empatía con la tragedia que viven los colombianos en el exterior, y en especial, quienes reciben condenas despojados de garantías. Al margen de su presunta culpabilidad, todos los seres humanos tienen derecho a un juicio justo, y la labor de los medios, como de Cancillería, debe apuntar a visibilizar estos dramas, no a culpabilizar ni a señalar como ocurrió en la desencajada entrevista. Fue evidente la intención de "desenmascarar a Giraldo" con preguntas tendenciosas y afirmaciones algunas ciertas, pero sacadas de contexto. No se explicó que desde 2015, Tanzania ha vivido una deriva autoritaria en cabeza de John Magufuli quien moriría el año pasado, dejando el poder en manos de Sami Suluhu. Tanzania que había sido ejemplo de continuidad democrática y estabilidad, viene retrocediendo en materia de derechos y el oficialista Partido de la Revolución (Chama cha Mapinduzi) no tiene contrapesos. Por los años en que Ballesteros estuvo preso, Amnistía Internacional denunció una ola represiva sin antecedentes desde 1961, cuando el país obtuvo la independencia. Imposible entender la situación del colombiano pasando por alto tal escenario.

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El caso recuerda el del brasileño Rodrigo Gularte capturado en Indonesia en 2004 cuando ingresaba con 6 gramos de cocaína y, en consecuencia, sentenciado a pena capital. Gularte quien reconoció los hechos, fue víctima de una red de traficantes que sacó provecho de su adicción y de una enfermedad mental (esquizofrenia). A Gularte se le violaron varias garantías y al margen de que efectivamente era responsable del delito, el gobierno y los medios brasileños cerraron filas en torno a su defensa para lograr su repatriación y denunciando la forma como se violaron sus derechos. El caso llevó a que la propia presidenta Dilma Rousseff, redactara una carta al entonces mandatario Joko Widodo para que la pena fuera conmutada por la condición psicológica de Gularte y denunciado los abusos cometidos por las autoridades indonesias. En abril de 2015, el brasileño fue ejecutado y su proceso dejó maltrecha la relación Brasilia Yakarta, incluso al punto de la ruptura. El despliegue de los medios brasileños fue notorio y a pesar de la confesa responsabilidad, quedó claro que se trataba de una víctima que merecía la solidaridad. Canadá libró una batalla diplomática con China por la condena a muerte de Robert Schellenberg acusado de tráfico de estupefacientes y que Ottawa percibe como una retaliación por la detención en Canadá de la empresaria del grupo Huawei, Meng Wanzhou, acusada fraude y lavado de activos. En todos los casos, ha imperado la empatía con quienes son víctimas de procesos judiciales con graves vicios.

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El caso Ballesteros, ignorado durante 8 años por gobiernos y medios de comunicación, debe sentar un precedente y recordar que la Cancillería está en la obligación de socorrer a los colombianos en el exterior. A su vez, el periodismo tiene un deber para visibilizar el drama de quienes están o son privados de la libertad en contextos donde los derechos humanos son fácilmente puestos en entredicho. Nada justifica la revictimización a Ballesteros y el trabajo periodístico debe esmerarse por entender los múltiples dramas que vive el creciente exilio colombiano.

Mauricio Jaramillo Jassir (Profesor de la Universidad del Rosario)

@mauricio181212

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