Atentado a la Escuela General Santander: así va la investigación dos años después

Hace dos años un acto terrorista enlutó a la Policía Nacional y al país entero. Un carro bomba cargado de 80 kilos de pentolita detonó en laEscuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá, pasadas las 9:30 de la mañana.

Las cámaras de seguridad en la entrada de la Escuela General Santander registraron el ingreso del vehículo, cómo cruzó frente a una formación de más de 100 cadetes, recorrió sin contratiempo parte del lugar hasta llegar al alojamiento femenino. Allí estalló con su conductor adentro, en un acto suicida.

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Pronto se confirmó que el inmolado conductor era José Aldemar Rojas, un explosivista del ELN.

Este domingo desde San Andrés, el presidente Iván Duque saludó a las familias y rindió un homenaje a la memoria de los fallecidos.

“No podemos jamás en nuestra sociedad contemplar la impunidad para quienes han cometido estos crueles actos que han llenado de dolor a nuestra patria”, dijo Duque.

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Hace un año, los jóvenes recibieron el ascenso póstumo.

“Honramos su memoria con el ascenso a oficiales de la Policía porque a eso vinieron a este centro educativo, a ser oficiales de la Policía. Segundo, el acompañamiento a la familia en salud, cariño y con todos nuestros medios”, aseguró Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

¿En qué van las investigaciones?

Hubo ocho capturas y se adelantan seis líneas de investigación, sin embargo, no ha habido condenas.

El Juzgado Primero Especializado de Bogotá avanza el proceso contra Wilson Arévalo Hernández. Está en calidad de coautor por trasladar la camioneta con la que se hizo el atentado desde Arauca a Bogotá.

Y desde el pasado 15 de enero inició el juicio contra Ricardo Carvajal, señalado de alquilar la bodega donde se armó el carro bomba. Se presentaron tres testigos y el proceso continuará en febrero.

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El presidente Duque aseguró el sábado que el Gobierno seguirá solicitando la extradición de los jefes del RLN que son responsables del atentado.

“No vamos a dejar de buscar a esos responsables, y seguiremos solicitando la extradición de quienes, cobardemente, conocieron de semejante acto criminal y pretendieron después escurrir el bulto (…) esos crímenes no pueden ser minimizados con supuestos argumentos de lucha política, porque ninguna ideología, ninguna causa política, puede justificar un hecho como el que hace dos años enlutó a Colombia”, señaló.

En cuanto a las investigaciones internas por posibles irregularidades en la seguridad de la escuela, la Procuraduría, hasta el momento, no ha arrojado resultados.

El llamado de las familias

Uno de los cadetes fallecidos es Juan Diego Ayala. En dos años de duelo, paradójicamente, su familia ha estado más unida que nunca mientras el recuerdo del menor de la casa sigue intacto.

“Ha sido muy complicado. Lo familiar afectado, abuelos, tíos, nosotros como padres y hermanos, y Dios ha estado con nosotros dándonos esa fortaleza” expresó Virgilio Ayala, padre del cadete Juan Diego Ayala.

Conocen al pie de la letra los procesos judiciales, por eso hacen un llamado a la procuraduría Para que también arroje resultados sobre las investigaciones frente al manejo de la seguridad en la escuela.

“Ese ha sido uno de los temas más álgido en el sentido de que van dos años y no hay respuesta alguna”, afirmó Ayala.

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Esa misma preocupación la comparte John molina, padre del cadete fallecido Diego Molina.

“El material probatorio ha sido lento para poder tomar decisiones frente a personas que nosotros consideramos que administrativamente deben de responder”, aseveró.

Las 22 familias se han unido. Cada una lleva el duelo de forma distinta, si una desfallece, las otras 21 están ahí para soportar.

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