Distrito pide una prórroga de 60 días para definir el protocolo policial ante protestas

El Gobierno Nacional junto con la Alcaldía de Bogotá solicitaron una prórroga de 60 días para definir el nuevo protocolo policial frente a las marchas. El protocolo debe ser entregado al Tribunal Superior de Cundinamarca y busca definir procedimientos para que no haya excesos por parte de los manifestantes ni de la fuerza pública.

En la última reunión la conclusión de las partes fue solicitar una aclaración a la autoridad judicial sobre las soluciones a corto y largo plazo y requieren formalmente 60 días hábiles para definir los procedimientos.

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La solicitud, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue necesaria porque es "prácticamente imposible", elaborar estas medidas en un plazo de tres días, como lo había ordenado la magistrada Nelly Villamizar.

“Hemos trabajado para cumplir con las órdenes que nos impartió la señora Magistrada, que encontráramos soluciones de corto, mediano y largo plazo a lo que el Tribunal considera es antagonismo entre la sociedad civil y la fuerza pública”, señaló la mandataria.

López dijo que se acordó solicitarle a la magistrada aclarar el alcance de las soluciones de corto, mediano y largo plazo y le concediera un plazo al Distrito para establecer el protocolo, “y además hacerlo consistente para facilitar y asegurar la movilización pacífica sin que haya infiltración violenta, pero también que haya un estatuto que prevenga los abusos de la fuerza pública o los abusos policiales". 

En el borrador del protocolo en el que se trabaja se busca que “la intervención del grupo especializado antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, sea ordenada exclusivamente por los comandantes de región, metropolitana y departamento de Policía. En los casos en que el grupo especializado antidisturbios se encuentre a órdenes del jefe del servicio, éste solicitará al Comandante de Unidad la autorización para su intervención”.

Además, se pretende que a los agentes del Esmad se les autoricen únicamente armas “mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas, dispositivos de control eléctrico y auxiliares”.

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Por su parte, el Gobierno ha sugerido prohibir las capuchas en las manifestaciones, así como exigir de una póliza de seguro de responsabilidad extra contractual para quienes las convoquen.

Las protestas de septiembre en Bogotá y la ingerencia del ELN en ellas provocó a finales de ese mes un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la alcaldesa Claudia López. El secretario general de la Presidencia le reclamó por haber negado la participación de ese grupo armado en los actos de vandalismo y le hizo un llamado por lo que considera una lenta reactivación económica de la capital.