86 % de niños reclutados sufrieron violencia familiar

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del primer encuentro de periodistas para la prevención del reclutamiento infantil forzado que celebró la Fundación en el marco de la campaña "Soñar es un derecho", que busca dar visibilidad a esta problema.

Según datos de Medicina Legal, el 84 % de los casos de violencia contra niños y adolescentes ocurren dentro del hogar y sólo en 2011 fueron atendidos 24.315 menores de edad, mientras un último informe de la Defensoría del Pueblo y UNICEF revela que el 86 % de los niños reclutados sufrieron antes algún tipo de abuso sexual o maltrato.

"Esta cifra confirma que el primer factor expulsor de los niños y las niñas de sus hogares para que sean víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales es su propia familia", denunció en su exposición la directora de la Agencia de Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación (Andi), Ximena Norato.

Los datos de Medicina Legal revelan asimismo que este tipo de violencia intrafamiliar es más alto entre las niñas ya que de los 2.456 casos de abuso sexual registrados en el primer semestre de este año, el 86 % fueron niñas, que también representaron el 52 % de los 3.237 casos de maltrato.

"El 60 % se vincula (a los grupos ilegales) entre los siete y los catorce años" agregó Norato que invitó a los asistentes a cuestionarse: "¿qué estamos haciendo como sociedad para que un niño a los 16 años ya no tenga sueños?".

El mismo estudio de la Defensoría del Pueblo y UNICEF señala que "el 25 % había dejado las aulas por no estar interesados en lo que allí se estudiaba" o por no encontrar espacios donde jugar ni realizar actividades recreativas, mientras el 57 % trabajaba antes de su vinculación y buscaron en los grupos armados una mejor opción laboral.

Desde 1990 hasta julio 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a más de 5.700 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados ilegales.

"Existe un imaginario social desfavorable que responsabiliza a los jóvenes de la actividad delincuencial", denunció el abogado especializado en derechos de la niñez y la adolescencia Manuel López.

"No es únicamente el tratamiento penal la respuesta que se debe dar a la conducta delictiva de estos jóvenes", añadió López, quien defendió "medidas de carácter pedagógico y resocializador" que entiendan esas actuaciones como resultado de la misma desprotección del Estado y del poder que las bandas ejercen sobre sus entornos.

En este sentido, alertó que cada vez más estas organizaciones fuerzan a los jóvenes a un reclutamiento encubierto mediante nuevas formas de vinculación "sin salir de su hogar" como informantes, extorsionistas o recaudadores.

López defendió así la necesidad de reconocer a estos jóvenes como "víctimas" y establecer medidas institucionales que restituyan sus derechos, les garanticen el acceso a una educación de calidad y les brinden una protección real que evite que sean utilizados por las bandas criminales.