Aníbal Gaviria solicitará anular medida de aseguramiento en su contra

En el marco de la medida tomada por la Fiscalía General de la Nación, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ofreció una rueda de prensa en la que habló sobre la medida de aseguramiento que dictó en su contra la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos irregulares entre 2004 y 2007.

El mandatario aseguró que radicará una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la nulidad de la medida de aseguramiento tomada en su contra, llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación.

“Radicaré una solicitud de revisión contra la medida de aseguramiento para que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare su nulidad, según lo que señala el artículo 392 de la ley 600”, dijo.

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El gobernador calificó como arbitraria, desproporcionada y no ajustada a derecho la determinación de la Fiscalía. Señaló que los hechos que dan origen a este proceso son del año 2005 y se refieren al contrato que celebró la Gobernación de Antioquia para construir la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca.

Gaviria señaló, respecto a los cuestionamientos de la Fiscalía, que, “ninguno de ellos tiene connotación delictiva, adicionalmente, quiero reiterar públicamente que a pesar de que no firmé los contratos motivo de investigación, respaldo y considero que todos los funcionarios que por mi delegación actuaron en esta contratación, lo hicieron cumpliendo la ley y que las obras fueron ejecutadas ejemplarmente, y son orgullo de nuestro gobierno y de la región”.

Adicionalmente, enfatizó, que en el contrato se pacte pagar un anticipo superior en un 4% a lo dicho en los pliegos, “no es delito, ni es irregular ni siquiera”. Dijo que el contrato siempre tuvo las pólizas de ley y fueron aprobadas, como consta en el acta de inicio.

“La ley señala que los contratos se pueden adicionar hasta en un 50%, las adiciones realizadas no superaron nunca este porcentaje”, explicó.

“La decisión de la Fiscalía es muy dolorosa e indignante para mí, personal y familiarmente y desde el punto de vista institucional para nuestra Antioquia, genera una costosa inestabilidad que adicionalmente afecta el desempeño en la atención, hoy absolutamente prioritaria, a la pandemia del covid-19 y el acompañamiento al proceso de reactivación económica y social”, dijo el gobernador.

Dijo además durante su intervención que, la decisión del fiscal general “es abiertamente contraria a la ley, la justicia y la dignidad humana, denota un interés mayor en los titulares de prensa, que en los fundamentos jurídicos. Necesariamente nos invita a reflexionar sobre este proceder mientras la impunidad del país es del 94% y la Fiscalía enfrenta condenas por 2 billones de pesos, por detenciones arbitrarias y demandas en curso por pretensiones que asciende a 60 billones de pesos”.

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