¡Atención! Acuerdo de Escazú es una realidad: fue aprobado con 121 votos en el Congreso

Con una votación de 121 votos a favor y solo uno en contra, el Congreso de la República aprobó en plenaria el Acuerdo de Escazú en Colombia. 

Las bancadas del Centro Democrático, líderes de la oposición y detractores de este acuerdo, y la del partido Cambio Radical, se retiraron del recinto al conocerse la decisión.

El pasado 26 de julio, el Senado había aprobado en segundo debate la implementación de este acuerdo.

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El presidente Gustavo Petro celebró la noticia de la aprobación del Acuerdo de Escazú mediante su cuenta de Twitter. Estas fueron las palabras del mandatario:

"Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana".

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Este acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica en 2018, entre los que se encuentra Colombia. Y se convirtió en el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, que por ahora ha sido ratificado por 14 naciones en total, Colombia siendo la más reciente.

Las bases de este acuerdo son tres: el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Es decir, poner más herramientas para que todo el mundo tenga conocimiento y posibilidades de entender qué se está haciendo en temas medioambientales durante la implementación de proyectos de desarrollo, además de opciones de defensa y justicia.

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Estos son los tres puntos explicados al detalle:

• Acceso a la información: si bien los proyectos ambientales deben ser divulgados, muchas veces están llenos de apartados técnicos y especializados que para las comunidades no queda claro lo que va a pasar, y mucho menos cómo los va a afectar. Así que el acuerdo busca que todas las personas puedan conocer esa información al pedírsela al Gobierno, que tendrá 30 días para responder y darla de manera clara, además de contar con plataformas para realizar consultas de forma fácil.
• Participación Pública: aquí básicamente lo que se busca es que la ciudadanía tenga voz en la toma de decisiones de proyectos de desarrollo que afecten al medio ambiente y a la propia comunidad. Aquí se deberán crear mecanismos para que las comunidades indígenas puedan acceder sin tener problemas por el idioma, quienes además tendrán un valor importante en el proyecto.
• Justicia en Asuntos Ambientales: este apartado se divide en dos. Por un lado, las personas podrán acudir a tribunales y a mecanismos para solucionar disputas si los dos puntos anteriores no se cumplen (participación y acceso a información), así como defenderse si están siendo afectados por proyectos de desarrollo. Y la otra parte, es la defensa de los líderes ambientales y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.