Canciller Álvaro Leyva sigue ejerciendo funciones a pesar de estar suspendido

A pesar de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al canciller Álvaro Leyva durante los próximos tres meses, todo parece indicar que el funcionario sigue ejerciendo sus funciones como si nada hubiese ocurrido y en las últimas horas firmó un documento que fue enviado al Congreso de la República.

De acuerdo con lo conocido, se trata de la respuesta a un cuestionario de control político del representante Vladimir Olaya, del Centro Democrático, sobre el escándalo con la licitación de pasaportes, debate que está previsto en la Comisión Segunda de la Cámara.

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Respecto a las presuntas irregularidades por las que fue suspendido, el canciller explicó que “Frente a las observaciones indiqué siempre que debían tenerse en cuenta para legalizar la legalidad, igualdad y posibilidad de que existieran múltiples ofertas que pudieran competir en términos de la ley”.

Pero ahí no queda todo, pues según pudo conocer el Termómetro Político de Noticias RCN, esa no es la única función que ha ejercido en los últimos días el suspendido canciller, sino que también coordinó una reunión con el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien fue llamado a consultas por las fuertes declaraciones del presidente de ese país, Javier Milei, contra Gustavo Petro. Este martes 30 de enero se realizó ese encuentro.

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Suspensión de Álvaro Leyva

El Ministerio Público informó que “llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes”. Vale la pena mencionar que la Procuraduría aseguró que esta medida no se podía apelar.

De acuerdo con la Procuraduría “el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.

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