Condenan a Carlos Caicedo, excandidato presidencial: Fiscalía pide no conceder beneficios

Una juez condenó este miércoles 29 de julio al exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo por las irregularidades detectadas en la contratación del sistema de salud durante su administración como alcalde de Santa Marta. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los procesos más relevantes relacionados con la administración de recursos públicos en esa ciudad.

De acuerdo con la sentencia, el exmandatario fue hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado. La decisión se produce tras el análisis de las pruebas presentadas durante el proceso penal, en el que se evaluó la legalidad de las actuaciones adelantadas en la contratación objeto de investigación.

Delitos contra la administración pública

La investigación se centró en presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de contratos relacionados con el sistema de salud en Santa Marta.

La juez impuso a Carlos Caicedo una pena de 117 meses de prisión, equivalente a más de nueve años de cárcel, tras hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación agravado.

El fallo representa un avance dentro del proceso que la Fiscalía impulsó por considerar que existieron conductas que comprometieron el manejo de dineros públicos. La condena establece la responsabilidad penal de Caicedo por los hechos analizados, aunque aún deberán surtirse las etapas procesales correspondientes para la definición de la pena y los recursos que procedan.

Fiscalía pide que no reciba beneficios

Tras conocerse la decisión, la Fiscalía solicitó a la justicia que no conceda beneficios judiciales al exgobernador. El ente acusador argumentó que los delitos por los que fue condenado son de especial gravedad al estar relacionados con la administración pública y con recursos destinados al sistema de salud.

La petición busca que la sanción se cumpla sin mecanismos que reduzcan o sustituyan la pena, al considerar que este tipo de conductas afectan la confianza ciudadana en las instituciones y comprometen el adecuado uso del patrimonio público.