Esta es la carta con la que el hijo de 'La Gata' solicitó libertad para cumplir rol de verificador de paz

Recientemente, se conoció la carta con la que Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’, le pidió a un juez en Barranquilla que le suspendiera la restricción en su libertad, pues el Gobierno lo había designado facilitador de paz y era necesario movilizarse para sus reuniones.

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En el documento se lee “muy respetuosamente me dirijo a usted para que le dé cumplimiento a la resolución emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, en el cual me delegan como facilitador de procesos de paz con grupos armados ilegales en Colombia (...) debo tener la disposición 24/7 para movilizarme y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos”.

Con este mensaje, Alfonso pidió además oficializar a los entes judiciales para evitar inconvenientes en los desplazamientos. 

Esta noticia generó controversia en el país por varias razones. La primera es que el implicado fue alcalde de Magangué, municipio en el sur de Bolívar, pero terminó privado de la libertad tras ser señalado de participar en el homicidio del periodista Rafael Prins, asesinado en 2005. La segunda, que es hijo de alias La Gata, una empresaria de chance condenada por tener vínculos con el paramilitarismo. Y la tercera, que a pesar de su condena fue nombrado facilitador de paz y luego dejado en libertad por un juez, al parecer, por error, pero aun así, libre.

La cosa es aparentemente así: el alto comisionado de Paz lo había designado como “facilitador de paz”, un nuevo concepto que se desarrolla en el marco de conversaciones adelantadas con grupos al margen de la ley. Se suma a los gestores y voceros de paz, el problema es que la diferencia entre los unos y los otros son algo difusas.

Luego de ser nombrado, la defensa de López pidió su libertad y el juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla se la otorgó. El malentendido estuvo presuntamente en manos del togado, pues el Gobierno Nacional aseguró que nunca solicitó que el señalado saliera de su detención. Por ello, la Fiscalía anunció que abriría una investigación penal en contra del juez por prevaricato.

Luego, el Gobierno anunció que se retractaba de su decisión, y notificó al país que Alfonso ya no asumirá su papel en las conversaciones de paz. 

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