Caso Uribe: los testigos clave y la cronología del proceso por soborno y fraude procesal

El caso del expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los procesos judiciales con mayor relevancia en los últimos tiempos. Para entender la decisión judicial que se dará este 6 de septiembre por parte de la Sala Especial del Tribunal Superior de Bogotá, hay que conocer los tres nombres que son la columna vertebral de lo que ha ocurrido.

Se trata de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y el abogado Diego Cadena.

Según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a Uribe a indagatoria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, se habrían presentado ofrecimientos a través del abogado Diego Cadena.

La Corte considera que el expresidente tenía conocimiento de dichos ofrecimientos, mientras que Uribe ha negado dicho señalamiento desde el principio.

“Nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba. Jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad”, dijo el exmandatario en su momento.

En su testimonio ante la Corte, Diego Cadena dejó claro que su labor únicamente era la de verificar la información que le llegaba de distintas fuentes. Sobre eso, aseguró que la corroboración se daba visitando a dichas personas, por lo que acudió a la cárcel La Picota para revisar una supuesta retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve.

Vea también: Álvaro Uribe: “El Tribunal de Bogotá niega la preclusión y ordena que me lleven a juicio”

Una declaración entregada por alias Víctor reveló que Cadena se presentaba en nombre del expresidente Uribe, al parecer prometiendo ayudas judiciales y entregando dinero a cambio de modificar las versiones de los testigos en la investigación contra su cliente.

Así lo corroboró Deyanira Gómez, la entonces pareja de Juan Guillermo Monsalve, cuando afirmó que Cadena le había prometido ayudas con su proceso en la JEP y en la consecución de un equipo de abogados.

Monsalve es recordado por ser uno de los testigos estrella de este caso. En reiteradas ocasiones ha cambiado su versión en el caso y ha sido criticado por vivir como un rey en La Picota, en donde ha gozado de fiestas, trago y polémicos beneficios.

Ahora mismo, la Fiscalía tiene listo el escrito de acusación de Álvaro Uribe, que será presentado en caso de que el Tribunal Superior de Bogotá mantenga la decisión de primera instancia, es decir, si se niega la preclusión del caso y lo lleva a juicio.

La cronología del caso Uribe

Todo inició el 11 abril del 2012, cuando en medio de un debate de control político, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, pidió investigar a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago por los delitos de lesa humanidad cometidos en el nordeste antioqueño.

Más tarde, el 17 de septiembre de 2014, Cepeda radicó ante la CIDH un escrito sobre los supuestos riesgos que tendrían los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, por los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con la creación del Bloque Metro de las AUC.

Estas afirmaciones desataron una serie de declaraciones del expresidente, en las que acusaba a Cepeda por, supuestamente, manipular a testigos para declarar en su contra.

Cuatro años después, el 6 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archivo la denuncia del expresidente y consideró que no era Cepeda quien intentaba manipular a los testigos. Fue ahí cuando se compulsaron las copias contra Uribe.

Le puede interesar: Fiscalía asegura que Pacto Histórico no entregó información sobre atentado a Gustavo Petro en campaña

El 15 de septiembre del 2018 se conoció la interceptación por error del alto tribunal a Uribe, y meses más tarde el expresidente acudió a los estrados para rendir indagatoria. Allí quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal.

Casi dos años después, el 4 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Uribe, quien hasta ese momento fungía como senador de la República, cargo al que renunció el 18 de agosto, considerando que no tenía garantías ante la Corte.

Al perder su condición de aforado, el expediente pasó a la Fiscalía. Posteriormente, el 10 de octubre, una juez ordenó la libertad del expresidente y el 5 de marzo del 2021 pidió archivar el caso, luego de considerar que no existían méritos para ir a juicio.

Pero la puja entre las partes no ha sido fácil. Nuevamente, el 1 de agosto del 2022, la Fiscalía pidió precluir el caso, por lo que el futuro del expresidente quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá.