CIDH advierte aumento de la violencia política en Colombia en año electoral
El informe anual del organismo internacional señala el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el incremento del desplazamiento como factores que amenazan unas elecciones libres y seguras.
Noticias RCN
03:04 p. m.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento de la violencia política en Colombia en medio del proceso electoral de 2026. En su informe anual, el organismo internacional advirtió que el contexto actual combina factores de riesgo como la polarización, la presencia de actores armados ilegales y el debilitamiento de condiciones para una participación democrática plena.
Según el documento, uno de los hechos más graves que evidencia esta situación es el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un evento en junio de 2025. La CIDH señala que este crimen refleja la persistencia de la violencia política en el país y los riesgos directos para la institucionalidad democrática.
Violencia política y control territorial afectan el proceso electoral
El informe destaca que la presencia de actores armados y economías ilícitas continúa limitando la presencia del Estado en diversas regiones. Esta situación impacta el acceso a servicios esenciales y restringe el ejercicio de derechos políticos, especialmente en zonas donde estructuras criminales ejercen control territorial.
Además, la CIDH advierte que el país enfrenta un “nivel de riesgo” elevado debido a la coincidencia entre violencia y elecciones. En ese contexto, subraya que garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia representa uno de los principales desafíos para las autoridades colombianas.
El organismo también reconoce acciones institucionales como el Plan Integral de Protección para candidatos y las estrategias de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, indica que estas medidas aún enfrentan limitaciones frente a la magnitud de la amenaza.
Desplazamiento forzado y amenazas agravan la crisis de derechos humanos
El informe evidencia un agravamiento del desplazamiento interno, impulsado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Solo en el Catatumbo, se reportaron al menos 60.000 personas desplazadas y 12.000 confinadas en 2025, lo que generó una crisis humanitaria con impacto en comunidades vulnerables, incluidos pueblos indígenas.
A esto se suma la persistencia de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo documentó 107 homicidios de personas con liderazgo social entre enero y julio de 2025, mientras que organizaciones civiles alertan sobre altos niveles de impunidad en estos casos.
De cara a las elecciones de 2026, la CIDH insiste en la necesidad de fortalecer la protección, reducir la violencia y promover el diálogo democrático.
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