CIDH condena al Estado colombiano por desaparición forzada de doce personas en 1996
En un fallo de la Corte, fue notificado este jueves a las partes acerca de la condena impuesta al país por las desapariciones de las personas.
Noticias RCN
08:02 p. m.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves, que ha condenado a Colombia por la desaparición forzada de doce personas en la Vereda La Esperanza en el departamento de Antioquia, en el año 1996.
El tribunal de la OEA, con sede en Costa Rica, informó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellos tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza".
"Los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia de agentes de la Fuerza Pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), lo que facilitó las incursiones a la Vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos", determinó la Corte en la sentencia.
Las doce personas que fueron víctimas de los hechos eran campesinos de La Esperanza en Antioquia, quienes presuntamente eran simpatizantes de los grupos guerrilleros que se encontraban en ese momento en la región.
Las personas están identificadas como Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Andrés Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, María Irene Gallegos Quintero, y los niños Óscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero.
Por su parte, se pudo conocer que el Estado reconoció ante el tribunal su responsabilidad en algunos aspectos, sin embargo, negó que las autoridades se encontraran complacientes con los hechos ocurridos.
"Las desapariciones forzadas ocurridas en la Vereda La Esperanza son atribuibles al Estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la Fuerza Pública para el actuar de ese grupo paramilitar", aseguró la Corte.
La Corte ordenó al gobierno, que continúe con las investigaciones y los procesos judiciales, y que realice un acto público de reconocimiento internacional, así como brindarles a las víctimas tratamiento médico y ayuda psiquiátrica.
La sentencia también dictamina que el estado debe "efectuar una búsqueda rigurosa por las vías pertinentes, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas cuyo destino aún se desconoce".
Además, el gobierno debe levantar un monumento en memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas, y otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten, así como pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial.
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