CIDH presentó informe y entregó sugerencias a Colombia sobre situación de DD.HH. durante protestas

Este miércoles los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entregaron su informe sobre la situación que atraviesa nuestro país en el marco de la movilizaciones de protesta social, luego de haber adelantado una misión de verificación adelantada entre el 8 y el 10 de junio.

En la exposición del texto, los funcionarios del órgano adscrito a la OEA, entre los que se cuentan el colombiano Pedro Vaca Villareal; relator especial para la Libertad de Prensa, se destacan importantes observaciones y recomendaciones en materia de seguridad, garantía de los Derechos Humanos, protesta social y resolución de conflictos.

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Dentro de sus observaciones, la CIDH abogó por que en el país se promuevan los escenarios de interlocución y escucha con los diferentes sectores de la sociedad, haciendo un especial énfasis en la necesidad de que estos tengan un enfoque territorial; es decir, que se escuche de forma individual o particular las diferentes inquietudes en los territorios.

La CIDH señaló la existencia de zonas que han sido más afectadas que otras al interior del territorio nacional, marcadas por una “discriminación histórica”.

De igual modo, la entidad internacional abogó por la importancia de que, desde el Estado se fortalezcan las acciones encaminadas en la implementación y cumplimiento del acuerdo de paz que años atrás suscribió el Estado Colombiano con la otrora guerrilla de las Farc, señalando que, el incumplimiento de estos fue consignado como uno de los aspectos estructurales que motivaron la manifestación social.

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Sobre la protesta social, los observadores de la CIDH manifestaron la necesidad de que desde el marco normativo del país se regule el derecho a la protesta social, mediado por los estándares internacionales existentes en la materia, manifestando a la vez la necesidad de que desde el mismo Estado y sus instituciones se trabaje en eliminar el uso desproporcionado de la fuerza, llamando a que esta última acción pueda materializarse de inmediato.

En sus observaciones, la Comisión llamó a que en el país se trabaje en la defensa y garantía del ejercicio de la Libertad de Expresión, notando la existencia de escenarios en donde, desde las mismas acciones del aparato estatal se interfiere con el funcionamiento ideal de los medios de comunicación, convocando a que se proteja el oficio de los comunicadores.

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La CIDH pidió “cesar las actividades de categorización policial de contenidos como “falsos” o “verdaderos” y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas”.

En cuanto a la acción estatal y la fuerza pública en el marco del control de la protesta social, la CIDH recomendó que el uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, se reduzca a escenarios netamente necesarios, manifestando la pertinencia de que la Policía deje de formar parte de la estructura del Ministerio de Defensa, y pase a formar parte del Ministerio del Interior, con el fin de enfocar su función en la “seguridad con un enfoque ciudadano”.

En ese mismo sentido, la CIDH recomendó “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, 43 con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza”.

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En cuento a la figura del traslado por protección, la CIDH recomendó restringirlo “a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policia”, absteniéndose de que este funcione de manera generalizada en el marco de la protesta.

En ese sentido, la CIDH también ahondó en la necesidad de “asegurar que los familiares de personas detenidas, y en su caso sus representantes legales, tengan acceso a toda la información sobre el proceso de detención”.

Sobre la criminalización de los bloqueos, por parte del Estado, la Comisión recomendó que el Estado debe “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.

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De igual modo, y tras evidenciar que durante la protesta social también se ha atentado, por parte de los manifestantes contra bienes públicos y de terceros, la entidad recomendó "investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas".

No obstante, dentro de las apreciaciones de la entidad también llama a  que las autoridades a distingan "entre manifestantes y quienes realizan actividades delictivas". Señalando que durante su observación se evidenció que "el Estado no es el único generador de interferencias al ejercicio de la protesta", y por ello también se hace evidente la imperente necesidad de que el Estado adelante acciones en pro de la "protección de manifestantes frente a violaciones y abusos por parte de terceros".

Vea el informe completo de la CIDH aquí