En cifras: así cambió el panorama en Colombia tras la despenalización del aborto hasta la semana 24

El pasado 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, en un fallo histórico que significó la ampliación del marco jurídico en el país para Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La sentencia C-055 fue promulgada por la Corte tras 523 días de debate impulsado por la movilización feminista y las acciones legales del Movimiento Causa Justa y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, quienes a través de un equipo de médicas y juristas lograron llevar a los estrados el fin de la criminalización hacia las mujeres y personas gestantes que decidieran abortar por fuera de las tres causales estipuladas en el 2006.

Este 10 de marzo, Causa Justa junto a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame, publicaron un informe con el balance de lo que ha sido la implementación del fallo durante este primer año.

Según lo presentado por el movimiento, entre el 22 de febrero de 2022 y el 21 de febrero de 2023, La Mesa brindó acompañamiento y asesoría jurídica a 255 mujeres que se vieron expuestas a barreras para acceder al aborto; con un aumento de 19% en los casos atendidos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Vea también: ¿Qué ha cambiado en el país tras la despenalización del aborto hasta la semana 24?

De estas mujeres que llegaron en busca de ayuda, el 66% lo hizo por asesoría para el acceso a la IVE de forma segura, el 34% buscaba acompañamiento legal y se presentó un caso de criminalización, en el que una mujer fue denunciada por su expareja antes de la promulgación de la sentencia.

En términos generales, las organizaciones evidenciaron un aumento de 14 puntos porcentuales en la búsqueda de información por parte de las mujeres, y de 11 pp en necesidad de acompañamiento legal para acompañar su proceso.

Datos etarios y rango de semanas para acceder a la IVE

Los datos recopilados por las organizaciones también evidenciaron que el 50% de las mujeres y personas que accedieron al aborto estaban entre los 20 y 29 años, el 29% entre los 15 y 19 años, el 17% entre los 30 y 39 años, el 2% entre los 12 y los 14 años, es decir casos relacionados con violencia sexual, y apenas el 1% tenían más de 40 años.

De estos casos, el 30% se concentraron en Bogotá, mientras que el 70% se atendieron en otros territorios como Norte de Santander, Cundinamarca, Vale del Cauca, Atlántico y Meta.

Un dato muy importante es que, de las mujeres y personas gestantes atendidas, el 70% contaba con afiliación a EPS y seguridad social, mientras que el 30% no contaba con un seguro médico, cifra que corresponde al número de mujeres migrantes venezolanas que acudieron a las organizaciones en busca de ayuda para solicitar una IVE.

Le puede interesar: IVE sin barreras: un año de la marea verde

Entretanto, sobre los plazos para el acceso al aborto, La Mesa registró que el 82% lo hizo antes de cumplir las 24 semanas, mientras que apenas el 18% acudió cobijada bajo las tres causales, lo que demuestra que son mínimos los casos en los que las mujeres buscan practicarse una IVE en edades estacionales avanzadas.

Es más, de acuerdo con lo entregado por Oriéntame y Causa Justa, 55% de las mujeres solicitaron un aborto antes de cumplir las 12 semanas, 19% lo hizo entre las 13 y 20 semanas y 10% entre las 21 y 24 semanas.

Tan solo en la Fundación Oriéntame fueron atendidas 11.028 mujeres desde la promulgación de la sentencia y con corte al 1 de febrero de 2023. De estos procedimientos, 93% se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación.

Además, de las pacientes que buscaron ayuda a través e sus servicios, 56% fueron atendidas de forma particular, 34% por medio de la EPS, 10% necesitaron subsidios conseguidos mediante la organización y7% más accedieron por la EPS en comparación con el periodo anterior.

¿Qué hace falta en el país para garantizar la implementación?

Durante la presentación del balance, las representantes de Causa Justa, La Mesa por la Vida y la Fundación Oriéntame coincidieron en que aún existen trabas para el acceso efectivo y seguro a la IVE, lo que representa un riesgo para la salud de las mujeres y personas gestantes. Entre las barreras más comunes se destacaron:

1. El desconocimiento del marco legal vigente en Colombia que exhorta a los actores en salud a cumplir de manera inmediata y eficiente la sentencia promulgada por la Corte, cumpliendo con los plazos estipulados y la ruta de atención única integral plasmada por el Ministerio de Salud en la resolución 051.
2. Interpretación restrictiva del marco legal cuando se remite información sesgada, limitada y equivocada sobre el derecho de acceso a la IVE.
3. Fallas en la prestación del servicio, problemas y deficiencias en las redes prestadoras de salud a la hora de garantizar el servicio, desconociendo los derechos de las mujeres y personas gestantes y sometiéndolas a un avance no deseado en el embarazo y cualquier tipo de violencia obstétrica.

Lea además: Los retos del Ministerio de Salud para garantizar el aborto seguro a menores de 14 años

Por su parte, el viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, quien también participó del encuentro, recordó que en 2019, antes de la pandemia, de 643.000 nacidos, 102.000 mujeres no tuvieron control prenatal adecuado y 30.000 no tuvieron ninguno. Cifras que sientan un precedente sobre los riesgos para la vida de las mujeres gestantes en el país.

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en 2022 la tasa de mortalidad materna en Colombia fue de aproximadamente 40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.