¿Qué ha cambiado en el país tras la despenalización del aborto hasta la semana 24?

El pasado 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional despenalizó el delito del aborto hasta la semana 24 de gestación mediante un fallo histórico que se dio tras 523 días de debate entre los magistrados, además de varias jornadas de dilaciones, controversias y tiempos muertos.

Con la sentencia C-055 la Corte determinó que cualquier mujer, niña, adolescente, persona trans o no binaria en el país tiene derecho de solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta el sexto mes de gestación sin ningún impedimento; de ahí en adelante, la norma establece el acceso bajo las tres causales estipuladas en 2006.

Cabe recordar que entre las tres causales se encuentran: malformaciones en el feto, riesgos para la vida o integridad física o psicológica de la madre, o embarazo producto de una violación o relación incestuosa.

Once meses después de la decisión de eliminar el delito del aborto, el Ministerio de Salud emitió la resolución 051 del 12 de enero de 2023, mediante la cual se establece una regulación única para la atención integral en salud frente a la IVE.

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En esta se incluye a las niñas y adolescentes, así como a personas identificadas como transgénero, transmasculinidades, no binarias e intersexuales, con el fin de eliminar las trabas y barreras en el acceso a la IVE.

No obstante, Juliana Martínez, vocera y secretaria técnica del Movimiento Causa Justa, aseguró que siguen existiendo barreras en el sistema de salud entre las que se encuentran excesos en el plazo de cinco días estipulado por la Corte, solicitud de conceptos de psiquiatría para realizar el procedimiento, citaciones a juntas médicas, petición de autorizaciones a padres y parejas, e incluso, dilaciones injustificadas en zonas apartadas del país.

Según datos de la Fundación Oriéntame, en el primer año de la sentencia se atendieron alrededor de 11.600 mujeres, de las cuales el 93% accedió antes de las 12 semanas de gestación.

Entretanto, Viviana Bohórquez, directora de Somos Jacarandas, añadió que de las 2.000 mujeres que han asesorado a través de su línea de atención, el 90% solicita información sobre aborto antes de la semana 12 y, en su mayoría, antes de la semana seis.

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En su resolución, el Ministerio obliga a la Superintendencia Nacional de Salud, secretarías de Salud, EPS, IPS y a todos los actores del sector, a garantizar la atención y prestación de la IVE de forma segura, eficiente e integra, contemplando factores como la edad, los niveles socioeconómicos y de educación, la etnia, la identidad de género y las eventuales condiciones de discapacidad.

Para Martínez, aunque el fallo de la Corte representó una apertura democrática importante para el país, los retos siguen estando en la implementación que debe estar a cargo de todos los prestadores de salud, sin excepción. 

Datos entregados por Bohórquez, reflejan que durante este año la línea Jacarandas presentó 137 acciones legales, 21 tutelas, 60 quejas ante la Supersalud, 51 requisiciones ante secretarías municipales y seis más ante Tribunales de Ética Médica. Adicional a esto, el 27% de las mujeres atendidas no cuentan con una EPS.