ABC de la ley de sometimiento: así podrán dejar de ser perseguidos los narcos en Colombia

La hoja de ruta que preparó el Gobierno Nacional para el sometimiento de bandas criminales finalmente ha salido a la luz. Principalmente, dentro de este proyecto de 22 páginas se plantean los procedimientos y obligaciones que tendrán que cumplir si desean presentarse ante la justicia.  

Esta iniciativa sería determinante en la denominada ‘paz total’, pues con ella el Estado espera lograr la desarticulación de las bandas criminales y jefes narcotraficantes, quienes tendrían que aportar información y contribuir a la no repetición de acciones ilegales.

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Además, esta ley de sometimiento permitiría que los narcotraficantes, cabecillas y miembros de las bandas criminales tengan importantes reducciones de penas. Según se esboza en el documento, tendrían dos años para la suscripción del acta individual de sujeción y garantías de no repetición. 

El Presidente de la República estaría en facultad de ampliar este plazo hasta un año si lo considera necesario. Lo que es clave, ya que en esa intención de lograr la paz total, los grupos y cabecillas tendrían un lapso extendido para someterse y presentar recursos que ayuden a la desarticulación de las redes de narcotráfico y otras acciones ilícitas.  

Igualmente, desde el Gobierno Nacional han detallado que la ley tiene en total al menos ocho puntos centrales y entre ellos ha destacado un ‘doble candado’ que será relevante para la selección y adhesión de estructuras criminales. 

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El primero de los filtros consiste en que las estructuras criminales de alto impacto tendrán que firmar un acta de sometimiento colectivo y también las habrá individuales. Una vez, haya una consolidación de una lista, pasará a ser evaluada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con acompañamiento de los organismos de inteligencia del Estado serán descartados aspirantes que no cumplan con los requisitos. 

Debe acelerarse su trámite para avanzar con la Paz Total

El segundo de los candados estaría dado por la revisión de la Fiscalía General, que sería la encargada de determinar si las estructuras criminales pueden integrarse al proceso. 

Una vez esta ley de sometimiento pase la revisión del Consejo de Política Criminal será presentada ante el Congreso de la República para su aprobación. El presidente de la Cámara, David Racero, afirmó que “debe ser radicada con mensaje de urgencia. Debe acelerarse su trámite para avanzar con la Paz Total”.

¿Cómo funcionarán las condenas? 

Dentro del documento se indica que aquellas estructuras criminales y narcos que se acojan durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, podrían llegar a pagar una pena de cárcel de entre 6 y 8 años, lo que significa una importante reducción.

También se menciona que habrá un componente restaurativo de cuatro años que “contará con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural y con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”. Aunque se deja en claro que no tendrán ninguna clase de justicia transicional y más bien se refiere a una proceso directo de sometimiento.

¿Se crearán nuevos organismos?

El senador de Ariel Ávila, quien es miembro de la comisión de paz del Senado y será ponente de la iniciativa en el Congreso, en diálogo con Noticias RCN dejó en claro que para este proceso no habrá una creación de nuevos organismos de justicia transicional y se continuará por la vía ordinaria. 

“Lo que hay es una sustitución de las penas si se ayuda al desmantelamiento de organizaciones criminales, la verdad, no repetición y restauración (...) La pena tiene dos componentes: que va de seis a ocho años y una pena de justicia restaurativa”, señaló Ávila.  

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¿Con qué requisitos tendrán que cumplir? 

En un primer momento, la ley de sometimiento plantea la designación de representantes del Gobierno y de las estructuras criminales que estén interesadas en someterse. Dentro del proceso habrá la posibilidad de que haya una solicitud de información de alto nivel para la caracterización de los grupos y sus integrantes, incluidas, sus operaciones. 

La propuesta establece entre las condiciones mínimas tendrán que “manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Asimismo, los narcos y las bandas criminales tendrán que cumplir con “la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura”.

Sin margen a reincidir 

La ley que promulga el Gobierno también es clara en subrayar que habrá sanciones para quienes ignoren estos puntos y no se adhieran de forma efectiva, pues de ninguna manera podrían “retomar las armas, cometer nuevos delitos dolosos y no cumplir de manera reiterada e injustificada con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”.

Estos tres factores resulta fundamentales, pues significa que no habrá cabida para las faltas en la sujeción y las garantías de no repetición de actuaciones criminales, como sucedió con estructuras armadas como las extintas Farc-EP, pues una de sus fracciones se reorganizó y surgió la disidencia de la segunda marquetalia. 

De esta manera, el Gobierno Nacional espera dejar sentadas las bases para un proceso de sometimiento que apoye la ‘paz total’, en la que avanza con conversaciones con diferentes estructuras armadas y criminales. La verificación de los compromisos estará a cargo del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General y el Oficina del Alto Comisionado para la Paz.