Exgobernador de Magdalena condenado a prisión por irregularidades en un contrato de salud
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, a 15 años de prisión.
Noticias RCN
06:24 p. m.
El alto tribunal le impuso una condena de 180 meses y seis días por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. No se le concedió prisión domiciliaria.
Exgobernador condenado a 15 años de prisión
Al mismo tiempo, se le impuso una multa de 1.153,08 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época en la que ocurrieron los hechos, $2.589.393.436 por daños y perjuicios; y $129.469.671 por agencias en derecho.
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El 8 de febrero de 2010, se dieron a conocer las irregularidades en el contrato 372 del 19 de noviembre de 2007, el cual fue suscrito por el gobernador encargado de ese momento, Infante Vergara; y una IPS.
¿De qué era el contrato? La Sala precisó que tenía como fin la “prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por el subsidio a la demanda de II nivel de atención, consistente en tamizaje a cuatro mil pacientes, incluido pre-test VIH, test VIH y capacitación de prevención” en todo el departamento.
Las irregularidades del contrato
Básicamente, consistió en la aplicación de pruebas para detectar la enfermedad. Sin embargo, el gerente departamental de Magdalena halló que en la fase precontractual y la liquidación, no se verificaron los requisitos legales, generando una serie de anomalías.
En consecuencia, se permitió que una contratista se apropiara de los recursos públicos de salud. El valor del contrato fue de $443.850.000.
Para el segundo semestre de 2007, la gobernación modificó uno de los requisitos a los proponentes para participar en el proceso de selección. Esta fue una de las varias irregularidades identificadas.
Asimismo, el laboratorio “carecía de la infraestructura técnica, física y tecnológica para ofrecer los servicios del contrato”. Tampoco tenía el recurso humano necesario. Según reveló la Fiscalía, la apropiación de recursos, junto con daños y perjuicios, ascendió a $809.251.296.
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