Congresista Aida Merlano podría afectar las elecciones presidenciales: Corte Suprema

La Sala Penal de la Corte tiene información de que la congresista Aida Merlano reclutó a dos mil personas, quienes tenían la misión de comprar votos para las elecciones del 11 de marzo pasado. Por cada sufragio pagaron 50 mil pesos y los ‘líderes’ o integrantes del grupo, recibían 10 mil pesos por cada voto comprado, según la justicia.

Noticias RCN tuvo acceso al documento de 39 páginas con el que la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento en contra de la electa senadora Aida Merlano. Para la Corte, funcionarios de la Registraduría, concejales y diputados hacían parte de la ‘empresa criminal’, la cual estaba al mando de la congresista Aida Merlano. 

La Corte argumentó la privación de la libertad de Merlano en la capacidad que ella podría tener en afectar las elecciones presidenciales:

"El Testigo Francisco Rafael Palencia Borrero ha informado sobre el poder que tiene la funcionaria en la región. Eso demuestra la influencia que ejerce la investigada y que podría tener incidencia, no solo en el devenir propio de esta actuación, sino en los próximos comicios electorales a la Presidencia de la República".

Francisco Rafael Palencia es el principal testigo en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Según el documento, fue uno de los líderes de la campaña al Senado de la candidata. 

"Fue uno de los encargados de conseguir sufragantes y de fungir como medio de comunicación entre el ‘comando’ y los electores, con quienes se conseguirían los escaños anunciados". 

Además de la Congresista Merlano, el testigo le narró a la Corte los pormenores del mecanismo de la compra de votos, aseguró que había 8 taquilleras pagando 50 mil pesos por cada sufragio. El sistema de comprobación era sofisticado: 

"Para las elecciones del 11 de marzo de 2018, el acuerdo consistió en pagar por cada voto cincuenta mil pesos ($50.000). Inicialmente recibían quince mil pesos ($15.000), luego de sufragar, regresaban a la sede política en donde entregaban el certificado electoral, al que se le adhería un stiker con el logo de “gracias por tu apoyo”, momento en el cual recibían el resto del dinero prometido correspondiente a treinta y cinco mil pesos ($35.000)".

Según la Corte, el grupo encargado de comprar los votos contaba con sistema especializado para comprobar si la persona votó, también recibían información de algunos jurados de votación quienes confirmaban los datos. "Para estos eventos, contaba con una pistola lectora de códigos de barra y otros elementos que permitían cotejar la información de las células de ciudadanía retenidas con la huella dactilar del respectivo elector y a la vez establecer la zona donde se había registrado para otorgar el voto a favor de la candidata".

Cuando la organización delictual tenía dudas de que el votante los había engañado, le retenían la cédula, la orden, al parecer venía de la propia congresista Merlano. Quien le narró esos episodios a la Corte Suprema fue el testigo Francisco Rafael Palencia:

"Informó que la investigada ordenó la retención de cédulas por parte de los funcionarios de la campaña de Aida Merlano, a los potenciales sufragantes cuando no eran confiables para la organización, retención que podía durar entre dos semanas y un mes". 

La Corte aseguró que en la ‘Casa Blanca’, como se conocía la residencia en la que se habrían realizado los actos de corrupción al sufragante, encontraron 261 millones de pesos, 6 carpetas con posibles votantes, 18 computadores en los que estaría el listado de las dos mil personas reclutadas para comprar votos. 

La Corte volvió a utilizar un término que por estos días se vuelve común en las decisiones judiciales sobre corrupción, aseguró que Merlano era la “líder de una empresa criminal”.