“La situación es grave”: Contraloría sobre prestación del servicio público de energía
El ente de control también aseguró que una nueva intervención a una empresa podría costarle hasta 4 billones de pesos al año al Estado.
Noticias RCN
04:40 p. m.
Tras la intervención que la Superintendencia de Servicios realizó este 12 de septiembre a la empresa Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Contraloría General de la República volvió a advertir que podría ser inminente el riesgo en la prestación del servicio público de energía si el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y la Creg no implementan medidas inmediatas.
“La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventarlo. Tan es así que Air-e está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica y que, al perjudicarse financieramente, afectaría a otras empresas como EPM”, aseguró el ente de control.
Los argumentos de la Contraloría para afirmar que podría haber riesgos en la prestación del servicio público de energía en el país
El contralor Carlos Hernán Rodríguez afirmó que las empresas prestadoras del servicio de energía han seguido manifestando que el Estado no les está cumpliendo con los pagos de los subsidios y las opciones tarifarias. Además, que también están enfrentando problemas para que varias entidades estatales les cancelen las facturas que les adeudan.
“La situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios y el desarrollo económico del país”, sustentó la Contraloría General de la República en un comunicado publicado en sus redes sociales y en su página web.
Y es que, desde el análisis del entre de control liderado por Carlos Hernán Rodríguez, los incumplimientos en los pagos desmejoran los servicios y, por lo tanto, ponen en riesgos sus derechos fundamentales.
Asimismo, según la información que han analizado, se necesitan soluciones diferentes a las intervenciones. Pues, consideran que, en caso de que se ponga en marcha una más, el Estado tendría que asumir un nuevo costo de hasta 4 billones de pesos al año.
Y, tomando como referencia que en la situación actual no se está cumpliendo a tiempo con el pago de los subsidios y las opciones tarifarias, creen que con esa nueva obligación podrían retrasarse mucho más los giros a las empresas prestadoras.
¿El servicio de gas también podría estar en riesgo? Esta es la respuesta de la Contraloría General de la República
“La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además, un riesgo para otros servicios como el del gas”, señaló el ente de control en su comunicado.
En el caso de la Costa Caribe, se afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta.
Tras ese diagnóstico, la Contraloría General de la República estableció que continuará realizando un monitoreo continuó de la situación para no llegar al punto de que cualquier empresa prestadora deje de operar y afecte directamente a los colombianos.
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