Contraloría revela millonario hallazgo fiscal en sistema carcelario y penitenciario de Colombia
Se encontraron irregularidades por 78 mil millones de pesos en auditoría a 127 cárceles que tienen problemas de hacinamiento, salud y obras paralizadas.
Noticias RCN
11:12 a. m.
La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría que deja al descubierto graves irregularidades en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia.
En el informe se identificaron 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen responsabilidad fiscal y representan un daño de más de 78 mil millones de pesos como resultado del incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional.
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El ente de control auditó el trabajo de la Uspec, el Inpec y el Ministerio de Justicia en el cumplimiento de sentencias que buscan resolver el "Estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario del país". La Contraloría evidenció que las condiciones siguen siendo precarias, con obras inconclusas, servicios básicos colapsados y un hacinamiento crítico.
Infraestructura carcelaria: obras paralizadas y cupos inhabilitados
Uno de los hallazgos más graves es el incumplimiento de las metas de infraestructura ordenadas por la Corte Constitucional. Según el Auto 1745 de 2024, varios proyectos debían estar terminados antes del 21 de abril de 2025, pero ninguno fue entregado. Como consecuencia, esto ha generado la suspensión total de las obras y la inhabilitación de 4.783 cupos penitenciarios.
Entre las obras afectadas se encuentran proyectos en Buga, Ipiales, Itagüí, Pereira y Sábanas de San Ángel. También se reportaron fallas en mantenimientos clave como calderas en La Picota, planta de tratamiento en Puerto Triunfo y estructuras de alojamiento suspendidas en Girón. Todo esto con probabilidades de poner en riesgo la funcionalidad del sistema y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL).
Centros de detención y fallas críticas en salud y alimentación
La situación es aún más crítica en los Centros de Detención Transitoria (CDT), donde el hacinamiento alcanza hasta el 500 %, en ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga.
Actualmente hay 21 mil personas detenidas en estaciones de Policía, muchas de ellas condenadas, lo que va en contra de las órdenes judiciales y debido a que no existen programas de resocialización ni condiciones sanitarias mínimas, también se estaría representando una violación sistemática de los derechos fundamentales.
Además, se encontraron fallas graves en los componentes de salud y alimentación con un reporte de equipos biomédicos inservibles en cárceles como La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, así como retrasos en consultas, entrega de medicamentos y deterioro en las unidades sanitarias. En cuanto a la alimentación, los espacios de preparación presentan insalubridad, y se hallaron equipos sin uso por más de $331 millones en el rancho de El Barne.
Deficiencias en acceso a la justicia y alta reincidencia de delitos
El informe también advierte sobre serias limitaciones en el acceso a la justicia para los presos. Se reportaron fallas en la conectividad, escasez de equipos y uso de medios improvisados para asistir a audiencias, lo que retrasa los procesos judiciales. En el caso de capturados extranjeros, esto ha impedido incluso su plena identificación en el tiempo legal requerido.
Finalmente, la Contraloría alertó sobre la inexistencia de programas efectivos de resocialización, teniendo en cuenta que solo el 2 % del presupuesto para el sistema carcelario del país se destina a este fin, y no hay evidencia de resultados medibles. Esto ha contribuido a que la tasa de reincidencia entre los capturados supere el 20 %, perpetuando el círculo de criminalidad y sobrepoblación carcelaria.
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