Corte ordenó al gobierno probar el avance en la restauración de Providencia y Santa Catalina

Tras el paso del huracán Iota el 14 de noviembre del 2020, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se declaró en situación de desastre, a lo cual el Gobierno Nacional respondió con un decreto que solicitaba la expedición de un Plan de Acción Específico (PAE) para el manejo de la emergencia.

No obstante, a través de una tutela presentada por Josefina Huffington Archbold, se evidenció el incumplimiento de la UNGRD, entidad encargada del plan, en la ejecución de medidas de atención humanitaria y de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, en donde se presentaron daños del más de 98% de la infraestructura.

En el recurso, la presidenta de la veeduría cívica de Old Providence sostuvo que las medidas estipuladas en el PAE no fueron previamente sometidas a consulta con el pueblo raizal, aún cuando afectan directamente “su territorio y modo de vida”.

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En respuesta, la Corte Constitucional ordenó alMinisterio de Vivienda y a la UNGRD identificar, en un plazo de 20 días, las viviendas en condición de vulnerabilidad para realizar las adecuaciones pertinentes en el sistema de saneamiento básico.

Asimismo, se deberá vincular a la Agencia Nacional de Tierras para que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, entregue un informe de las gestiones realizadas desde noviembre del 2020 hasta ahora para la reconstrucción de las islas, así como el reconocimiento de los raizales para el establecimiento de los títulos de propiedad del territorio.

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Además, la UNGRD deberá enviar información detallada, con fotografías adjuntas, de los avances en la reconstrucción de viviendas destruidas por el huracán, los hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, hospitales e infraestructura del acueducto; así como del estado actual del suministro de agua potable.

Finalmente, la Corte Constitucional pidió a la Procuraduría General de la Nación garantizar la suspensión de las obras de la Base Estación de Guardacostas en Providencia y Santa Catalina, en respuesta a la medida provisional decretada para la protección del pueblo raizal.

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