CPI podrá seguir investigando crímenes de guerra en Colombia, según presidente de la JEP

Tras la finalización del examen preliminar adelantado por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia, iniciado hace 17 años con el objetivo de estudiar el panorama de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que el ente internacional “no pierde su competencia complementaria para conocer de los crímenes internacionales relacionados con el CANI cometidos antes del 1 de diciembre de 2016”.

Sin embargo, de ahora en adelante, la JEP se constituye como el único organismo en el país con la potestad de conocer los crímenes relacionados con el conflicto armado, salvaguardar y hacer cumplir el componente de justicia del Acuerdo de Paz y las obligaciones del Estado colombiano en dicha materia.

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Por su parte, Eduardo Cifuentes, magistrado y presidente de la JEP, calificó esta decisión de la CPI como un “voto de confianza” que espera de resultados positivos para los procesos y las víctimas implicadas. Además, Cifuentes expresó que “el Gobierno debe respetar y mantener la estructura constitucional y legal de la JEP, tal como se plasmó en el Acuerdo de Paz y como quedó inscrito en el primer punto del acuerdo firmado entre Colombia y la CPI”.

Asimismo, el magistrado añadió que cualquier cambio, violación o actuación contraria por parte del Gobierno, tendrá como consecuencia la intervención de la CPI, ya no como un examen preliminar, sino mediante una investigación formal.

Finalmente, el presidente de la JEP se refirió a los intentos que se han hecho “para modificar o frenar la acción de la jurisdicción transicional y las circunstancias que atentan contra el conocimiento de la verdad, como el asesinato de líderes sociales y comparecientes ante la JEP”, añadiendo que, el Estado debe concurrir junto a sus demás órganos para garantizar la ejecución de las sanciones y obligaciones pertinentes en temas de reparación que ordenen los magistrados, “en especial la Fiscalía General de la Nacional, que debe trabajar de la mano con la JEP”.

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“En este orden de ideas, es un acuerdo que pone de presente un cambio en la CPI, estará más cerca de la JEP, tendremos una relación permanente y tan pronto se advierta una interferencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que afecte su propia misión, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar la intervención inmediata de la Corte Penal Internacional", concluyó Cifuentes.