¿De qué trata el polémico ‘estado de conmoción’ que propone Rodolfo Hernández?

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, en su campaña anticorrupción ha anunciado que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, decretaría el estado de conmoción interior por 90 días, de acuerdo con el borrador de un documento presentado por el mismo aspirante.

Esta medida sería implementada el mismo día de una eventual posesión de la presidencia de Hernández, y tiene como objetivo “conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana, originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción”.

Sin embargo, dicha medida ha generado controversia y rechazo de algunos sectores políticos, debido a que implícitamente le otorgaría la potestad al nuevo jefe de estado, de modificar algunos puntos de la normativa nacional sin consultar al Congreso de la República.

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¿Qué es y cuándo se decreta el estado de conmoción interior?

El estado de conmoción interior es un estado de emergencia que está contemplado en el articulo 213 de la constitución, que se decreta cuando existe una perturbación del orden público, que pone en riesgo la institucionalidad, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Este decreto le otorga al presidente de la República ciertas facultades especiales para recuperar el control de la situación, como por ejemplo emitir decretos que suspendan leyes, sin tener que ser avalados por el Congreso.

En este caso específico, Hernández considera que la corrupción es un problema que amenaza la institucionalidad y por ende busca modificar algunos decretos legislativos, bajo su objetivo anticorrupción.

Lo que ha desatado la polémica es que, amparado en esta ley, el Gobierno podría prohibir las marchas sociales, limitar o suspender los medios de comunicación públicos o privados, interceptar llamadas, suspender a mandatarios locales, e incluso capturar a personas de manera preventiva.

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La ley también estipula que, de ser necesario el estado de conmoción puede prorrogarse hasta por dos periodos de 90 días y puede declararse en todo el territorio o parcialmente. Además, todos los decretos propuestos por el presidente deben ser evaluados por la Corte Constitucional y deben seguir los lineamientos de la Carta Magna.

“No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, según declara la Constitución.

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de dicho estado para combatir la corrupción?

De acuerdo con las cifras presentadas en el documento de la campaña de Rodolfo Hernández, el desvío de recursos públicos en la contratación le cuesta al estado 50 billones de pesos al año, por lo que el candidato busca ajustar de forma “rápida y eficaz” estatutos que faciliten el control absoluto de los recursos y la distribución de los mismos.

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Por otro lado, sus detractores denuncian que esta medida puede significar algunas extralimitaciones de un gobierno en temas de fuerza pública, represión a la oposición o censura a los medios de comunicación.