Decreto que reglamenta aplicaciones de transporte se mantendrá vigente

El Consejo de Estado comunicó la negación a la solicitud de suspensión provisional del decreto expedido hace seis años por el Gobierno Nacional, mediante el cual se buscaba la reglamentación de las “condiciones para la prestación del servicio público de transporte en taxis y vehículos de lujo”.

Por su lado, la parte demandante solicitó suspender esta medida mientras se enjuiciaba su legalidad. Según lo propuesto, el decreto fue expedido “sin tener en cuenta las consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las barreras a las plataformas tecnológicas y las originadas por la limitación en los cupos de los taxis; los beneficios para sus propietarios que no se extienden a la Nación; el monopolismo en favor de los propietarios de estos vehículos y las desventajas para los consumidores”.

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Además, la solicitud apuntaba a que dichas falencias constituyeron un desconocimiento a la competencia de la SIC frente a la regulación de los mercados. Asimismo, señaló que la reglamentación fue expedida sin tener en cuenta lineamientos internacionales, “en detrimento de la libre adopción de tecnologías exigida por la ley, provocando una irregular restricción de los proveedores de redes en la prestación de servicios”. 

Ante esto, el Consejo de Estado aclaró que “el supuesto desconocimiento de los lineamientos internacionales sobre la libre adposición de plataformas tecnológicas y las circunstancias que permiten establecer restricciones en este campo, ya fueron examinados en el auto del 20 de abril del 2021, por medio del cual se rechazó la solicitud de suspensión provisional por extemporánea”.

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Por tal motivo, descartó los argumentos de la parte demandante y precisó que en este caso solo se evaluará el supuesto desconocimiento del poder de regulación de mercados de la SIC.

Finalmente, el Consejo añadió que el decreto busca “incentivar la creación de empresas para prestar el servicio de lujo, y que las empresas del servicio básico participen”. Además, aseguró que “no se modificó lo relativo a la asignación de matrícula y la capacidad transportadora, pues se señaló que lo que debían hacer las autoridades de transporte era enviar al Ministerio el estudio que soportara el parque automotor en su jurisdicción”.