“Priva al país a una verdad plena”: Defensa de Olmedo López sobre negación del preacuerdo
Un juez no aceptó el preacuerdo del exdirector de la UNGRD logrado con la Fiscalía.
Noticias RCN
09:34 a. m.
La defensa del Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se refirió sobre la no aprobación del preacuerdo.
Durante la audiencia del 16 de mayo, el juez quinto penal del Circuito de Bogotá negó el preacuerdo logrado entre López y la Fiscalía.
Juez negó el preacuerdo
En noviembre de 2024, el ente acusador firmó preacuerdo con seis procesados por el caso UNGRD. La Fiscalía solicitó una pena de seis años y dos meses de cárcel, junto con el reintegro de 724 millones de pesos.
Según expuso la entidad, al exdirector aportó información importante, por lo cual se le podría conceder un descuento en la pena. Empero, el juez negó el preacuerdo.
El abogado de López, José Luis Moreno, se pronunció al respecto. Por un lado, dijo que “una pena irrisoria es la impunidad de no aprobarse el preacuerdo”.
¿Qué dijo la defensa de López?
Asimismo, recordó que su cliente se presentó voluntariamente ante la Fiscalía cuando estalló el escándalo. Además, ha suministrado información clave, con la que se ha logrado llevar a congresistas, exministros, contratistas y otras personas al estrado.
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“El señor Olmedo López no guardó silencio, ni parcial ni total. Optó por actuar con valentía y colaborar decididamente con la administración de justicia, a pesar del riesgo que esta decisión ha representado para su vida”, afirmó Moreno.
Frente al preacuerdo, la defensa espera que el tribunal se acoja a los argumentos expuestos en la apelación, los cuales cuentan con el respaldo de la Fiscalía, víctimas y Ministerio Público.
Todos coinciden en que la decisión de improbación desconoce los fines y principios fundamentales de la justicia premial, entendida como una herramienta esencial dentro de la política criminal del Estado colombiano.
El litigante cuestionó la decisión de negar el preacuerdo, considerando que “minimiza el valor de la justicia premial como un mecanismo eficaz en la lucha contra la corrupción”. Además, priva el acceso a la verdad.
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