Defensa de Petro presentó acción de nulidad y restablecimiento

Los abogados defensores de Gustavo Petro presentaron este viernes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de nulidad y restablecimiento, con el propósito de que se declare nula la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 15 años al exmandatario local. 

De acuerdo con Iván Acuña, uno de los apoderados de Petro, la decisión de enviar ante la corporación esta acción se da porque hubo “arbitrariedades” en la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, y además por el desacatamiento del Gobierno de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nosotros no tenemos ninguna duda que aquí ha habido una cadena de arbitrariedades que debe la justicia administrativa entrar a revisar y tiene esto que conllevar a que se declaren las nulidades de todos estos actos”, expresó Acuña.

Aunque el Tribunal Administrativo no tiene una fecha límite para presentar su decisión, el abogado cree que se puede definir pronto.

“No hay unos plazos preestablecidos, pero nosotros esperamos que este proceso sea muy ágil”, afirmó el apoderado del exmandatario local. 

Asimismo, Acuña confía en que la decisión que tome la corporación pueda surtir el mismo efecto que tuvo el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en donde el Consejo de Estado tumbó una decisión similar.

Acuña también afirmó que esta acción ya se venía pensando desde hace un tiempo, sin embargo, prefirieron agotar otras instancias como las tutelas y las medidas cautelares de la CIDH, ya que eran más efectivas.

“Esto ya se venía trabajando, lo que sucede es que hubo una serie de acciones como las tutelas que ya se decidieron y las medidas cautelares de CIDH que fueron desconocidas por el Gobierno, pero ante el agotamiento de todas estas acciones nos quedaba pendiente el ejercicio de la acción de nulidad. Todo esto fue fruto de una espera a través de todos estos mecanismos”, aseveró Acuña.

Finalmente el abogado del exalcalde de Bogotá recordó que nunca antes un Gobierno que hubiera desacatado una solicitud de la CIDH y aseguró que esa decisión tuvo que ver más por el lado político que por el judicial.