Defensora del pueblo advierte que recorte en 2027 podría comprometer el cumplimiento de funciones de la entidad
Mientras el presupuesto ha ido disminuyendo, la entidad señala que la demanda de sus servicios va en aumento.
Noticias RCN
11:54 a. m.
Durante la rueda de prensa sobre decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el próximo Gobierno, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el recorte anunciado por el Ministerio de Hacienda, mediante circular externa, al presupuesto de la entidad para 2027, podría comprometer el desarrollo de sus funciones.
De acuerdo con Marín Ortiz, “ha habido un debilitamiento importante a nivel presupuestal los últimos dos años; es decir, desde el 2024, cuando asumí como defensora del pueblo. Son los únicos dos años en los que ha habido un debilitamiento presupuestal desde el 2010. Hasta entonces, la Defensoría venía teniendo cada año un presupuesto fortalecido, pero se ha venido reduciendo desde el 2024 y nos han anunciado un nuevo recorte para el 2027”.
Señalamiento que reiteró, junto a la evolución del presupuesto de la Defensoría, en una carta dirigida al ministro de Hacienda, en la que le pide reconsiderar el techo presupuestal de la entidad, adicionando 211.829.084.213 pesos o asignando un presupuesto equivalente al de la vigencia 2024.
El desarrollo de funciones de la Defensoría estaría en la cuerda floja:
En la misiva, la entidad lamenta “la decisión unilateral del Gobierno de reducir el presupuesto de la entidad para el año 2027”, debido a que “vulnera el principio de autonomía constitucional, inclusive presupuestal de la Defensoría del Pueblo; y restringe seriamente el cumplimiento de las funciones de la Defensoría del Pueblo”.
Los recursos presupuestales asignados a la Defensoría apenas alcanzan a cubrir los gastos de operación, presencia territorial y atención a la ciudadanía. Sin embargo, dejarían desatendida la atención “en temas críticos como género, niñez, víctimas, salud, población migrante, derechos ambientales y penitenciarios”.
En concreto, el presupuesto total tendría una disminución del 11% entre el 2026 y el 2027, al pasar de 1.193.209.530.926 pesos a 1.061.961.421.202 pesos.
Demanda de servicios de la Defensoría ha aumentado los últimos años:
El recorte a la entidad del Ministerio Público que garantiza los derechos humanos en Colombia es anunciado en un momento en el que crece la demanda de sus servicios en todo el territorio nacional:
“La Defensoría del Pueblo”, según se lee en la carta, “ha enfrentado un incremento sostenido en la demanda de sus servicios, asociado al aumento de las vulneraciones de derechos humanos, las conflictividades territoriales y las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. En este contexto, la restricción presupuestal limita la capacidad de respuesta institucional y compromete la oportunidad y cobertura en la prestación de sus servicios”.
De ahí que “el tope presupuestal” no guarde “correspondencia con las necesidades reales de la entidad ni con las obligaciones constitucionales y legales a su cargo”, además de poner en riesgo su autonomía administrativa.
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