Defensoría alerta sobre agresiones a población LGBT en el conflicto armado

Entre las agresiones detectadas por la Defensoría del Pueblo contra la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) destacan homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, imposición de estereotipos e incluso consejos de guerra, según un comunicado del ente.

En este sentido, destacaron que los grupos guerrilleros y las bandas criminales "protagonizan distintas conductas" contra la comunidad LGBT según el tipo de control sobre las víctimas y su condición.

Para el ente defensor, la primera dificultad para proteger los derechos fundamentales de ese colectivo es la "ausencia de una cifra confiable respecto al número de víctimas".

De los 7,5 millones de víctimas registradas oficialmente en el marco del conflicto, solo 1.422 son miembros de la comunidad LGBT.

Por ello, llaman la atención sobre el hecho de que haya 56.296 personas incluidas en los reportes de la Unidad de Víctimas que no han informado de su género y de 19.286 que están en la categoría de "no definidos".

"Esta situación, que podría ser el reflejo de un alto subregistro asociado al silencio que imponen los violentos, se complementa con las cinco modalidades principales encontradas por la Defensoría del Pueblo a propósito de la vulneración de derechos de la población con orientación sexual diversa en el marco del conflicto", agregó el comunicado.

Entre esas vulneraciones destacan los homicidios que se producen "por simple intolerancia a la diversidad" y "producto de consejos de guerra por conductas de comportamiento individual que son consideradas como transgresoras de las normas internas de una determinada organización".

También se produjeron homicidios "como parte de las mal llamadas 'limpiezas sociales'".

Las amenazas detectadas por la Defensoría del Pueblo están fundamentalmente vinculadas a las iniciativas de asociación de la población LGBT para defender sus derechos como colectivo social.

Además, han detectado otras violaciones de derechos como desplazamiento forzado, abuso sexual o imposición de estereotipos de género.

A raíz de este análisis, el ente defensor planteó una serie de recomendaciones que "comienzan con el derecho a la participación efectiva".

Asimismo, reclaman que se establezcan las garantías de reparación integral y no repetición, así como la definición de una política pública con enfoque diferencial que permita precisar la cantidad y características de las víctimas para a partir de allí desplegar la oferta institucional en favor de estas poblaciones.