Defensoría emite Alerta Temprana para pedirle a disidencias de las Farc que se respeten los derechos de la comunidad

La violencia en los territorios se hace cada vez más fuerte y las autoridades temen por la integridad de la población. Es por eso que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 036 2023 con el fin de pedirle al Estado tomar acciones preventivas para que se proteja a los habitantes que se han visto afectados por las organizaciones criminales que se acentúan en varios municipios del Cauca y Valle del Cauca. 

De acuerdo con lo indicado en esta Alerta Temprana, los frentes que más han afectado a la comunidad son Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, a quienes se les hace el llamado de atención especial. 

Se hace énfasis en 14 municipios, los cuales han sido calificados por la Defensoría del Pueblo como territorios que en alto riesgo de vulneración de sus derechos: Jamundí y Dagua (Valle del Cauca) y Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jambaló y Caldono (en el departamento del Cauca). 

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“Lo que estamos recomendando con esta alerta es que a la par del avance del diálogo y la suspensión de acciones ofensivas y posibles ceses bilaterales del fuego, el Estado establezca medidas de prevención y protección que eviten que los actores armados realicen acciones violentas que infrinjan los principios del DIH y generen afectaciones a la población civil y sus bienes ante posibles vicisitudes que se puedan presentar”, se lee en el documento realizado por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

Los actos criminales de las disidencias que vulneran el Derecho Internacional Humanitario

Camargo argumenta que las acciones de las organizaciones criminales suponen un desconocimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario, puesto que se han ejercido varias ofensivas armadas contra la fuerza pública en varios puntos de control, estaciones de Policía y bases militares. Estos atentados afectan a la población civil y no se tiene en cuenta la “proporcionalidad y precaución de las acciones armadas”. 

Adicionalmente, el comunicado indica que el Estado Mayor Central realiza acciones bélicas con elementos explosivos cuyos efectos son indiscriminados contra la población civil y sus bienes. 

“En la Defensoría del Pueblo valoramos los esfuerzos de paz emprendidos por el Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central y otros grupos armados ilegales, pero esperamos se adopten las medidas preventivas que sugerimos para estos 14 municipios y sirvan de alivio humanitario para la población civil”, continúa el documento. 

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“Requerimos acciones que demuestren que los grupos armados ilegales tienen una voluntad de paz genuina, no queremos que los grupos armados sigan burlando el anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, concluyó Carlos Camargo Assis.