Denuncian a presunto integrante de red de prostitución infantil
De acuerdo con la Red de Veedurías Ciudadanas, el hombre hace parte de una banda que envía menores al exterior.
Noticias RCN
enero 28 de 2014
01:54 p. m.
01:54 p. m.
El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue a Wilson Buitrago por ser, al parecer, parte de una red de trata de blancas que envía a menores de edad a Indonesia y otros países en el exterior.
Bustos aseguró que el señalado inclusive a “involucrado a su propia hija” en la red de prostitución infantil.
Denuncia que certificaría una joven, quien le aseguró a la Fiscalía que Buitrago, tras cobrarle 30 millones de pesos para enviarla a Indonesia, le ofreció el número de su hija para que la asesorara antes de su llegada al país asiático.
“Yo creo que fue él quien la envió. Yo hable con ella antes de irme, debido a que el señor Buitrago me dio el número de ella para que yo hablara con ella y me decidiera y me dijo que era la hija de él”, dijo la joven ante el ente investigador.
Dentro del proceso, dos jóvenes ya fueron capturadas, una de ellas Katherine Ocampo, de quien su abogado aseguró que es una víctima de la explotación sexual.
“Requerimos urgentemente a la Fiscalía protección para mi defendida, porque desde muy niña fue explotada sexualmente y eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar”, aseguró David Teleki, abogado de Ocampo.
El próximo jueves, ante un juez de Cali, se revelarán otras pruebas que vinculan a los jefes de la banda de trata de mujeres.
De acuerdo con un informe de la Fundación Scelles, que lucha contra la explotación sexual, la trata de personas cada vez se agrava más por la fácil circulación de personas en el extranjero. Ya no hay camiones que transportan clandestinamente a las prostitutas para pasar las fronteras: hoy, la mayoría de ellas vienen del extranjero con verdaderos documentos o casi, en avión y con contratos de trabajo.
Los principales frenos a lucha contra el fenómeno son la corrupción, la reducción de los presupuestos consagrados a luchar contra el proxenetismo y las diferencias en los regímenes jurídicos entre países, señala el informe.
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